Los 28 Estados Miembro representados en el Consejo de la UE alcanzaron esta madrugada un acuerdo por el cual quieren mantener los mecanismos de capacidad al menos hasta 2030. Esta ha sido la gran batalla librada este lunes en Bruselas en la reunión de los ministros de Energía de los Ventiocho.
Unos países no querían poner límites a esa subvención para las centrales térmicas, pero finalmente se quedaron en minoría y se aprobó un texto por el cual se mantendrán los mecanismos de capacidad para las centrales ya existentes, algo que había demandado la mayor parte de las eléctricas europeas.
Las instalaciones continuarán siendo recompensadas por hacer que la capacidad de generación de electricidad esté disponible a través de mecanismos de capacidad para hacer frente a las demandas pico.
"Para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, las normas para estos mecanismos deben armonizarse", dice el Consejo en un comunicado.
La posición del Consejo establece los principios de diseño para los mecanismos de capacidad así como los arreglos para su implementación.
Un elemento importante es que las nuevas instalaciones serán elegibles para participar en los mecanismos, es decir, que podrán percibir las subvenciones, después de 2025 solo si sus emisiones son inferiores a 550 gr de CO2 / kWh o menos de 700 kg de CO2 en promedio por año por kW instalado.
También hay un límite para la participación de las centrales eléctricas ya existentes que no pueden recibir pagos después de 2030 y los pagos deben disminuir después de 2025.
Asimismo, se creará una evaluación europea de recursos de adecuación y se utilizará como base para las decisiones sobre los mecanismos de capacidad junto con los nacionales.
Presión de las eléctricas
En plena negociación de los mecanismos de capacidad, las eléctricas movieron ficha y presionaron para lograr el objetivo final que no era otro que mantener los mecanismos de capacidad. Así enviaron un comunicado 8 de las grandes patronales eléctricas europeas, entre ellas Unesa, que exigían mantener en funcionamiento los mecanismos de capacidad.
Al final sus peticiones se han tenido en cuenta y no la de las organizaciones ecologistas que querían acabar ya con las subvenciones al carbón.
Esta postura del Consejo también se aleja de las tesis de la Comisión Europea que pretende poner el límite de los 550 gr CO2/ kWh para todas las centrales, las nuevas y las ya existentes.
No se aleja tanto de la pretensión del Gobierno español de querer mantener las centrales térmicas en funcionamiento por lo que las conversaciones y negociaciones del trílogo en 2018 serán arduas a este respecto.
Una vez más el Consejo ha mostrado su escasa ambición para llevar a cabo, en este caso, la descarbonización del sistema eléctrico.
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