La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha enviado una carta a la Xunta de Galicia para mostrar su inquietud ante la norma que recoge la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de 2025 y que obligaría a los promotores eólicos a redimensionar sus parques y destinar el 50% de la energía generada mediante contratos de largo plazo (PPAs) exclusivamente a empresas gallegas.
La postura de las comercializadoras se suma a la de la patronal eólica que considera que la iniciativa autonómica, que se aprobará este mismo martes en el pleno del Parlamento, “podría impactar negativamente en el sector eléctrico, y en consumidores industriales y domésticos”.
Entre las principales consecuencias que señalan destaca “la posible ruptura de contratos de venta de electricidad a largo plazo (PPAs) ya suscritos”, además del incumplimiento de la normativa europea en materia de mercado eléctrico, y la vulneración de los principios de libre competencia y libertad de empresa.
Los eólicos en Galicia
Frente a ello, consideran que “Galicia y España necesitan seguridad jurídica y este tipo de situaciones únicamente deterioran el interés de las empresas por invertir en el país y reducen el número de competidores”.
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