El real decreto-ley para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a directivas europeas introduce la obligación de que las comercializadoras eléctricas desglosen en las facturas a los consumidores la cuantía correspondiente a los peajes y cargos.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y que este sábado publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se reordenan las competencias, de forma que la CNMC aprobará los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas y electricidad, mientras que el Gobierno será el competente en el caso de los cargos, introduce modificaciones en la Ley del Sector Eléctrico y en la del Sector de Hidrocarburos.
En concreto, en el caso de la Ley del Sector Eléctrico modifica el artículo 16, al que añade un nuevo apartado 7.
En el mismo se dice que las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cargos.
El coste de los peajes o tarifas de acceso supone en torno a un 40 % de la factura de los consumidores y su finalidad es sufragar los costes del transporte y distribución de la electricidad a los consumidores y asegurar la viabilidad del sistema, incluso en épocas de bajo consumo.
Su impacto se distribuye por toda la factura, tanto en el término fijo (potencia) como en el variable (consumo), y normalmente, a no ser que se tenga contratada la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) -en que se desglosa-, el coste de los peajes se incluye en el precio total del kilovatio (Kw) de potencia contratada y del kilovatio hora (KWh) de consumo.
Los cargos son los pagos relacionados con otros aspectos regulados del sistema y contribuyen a cubrir, entre otros, el régimen retributivo de la generación con fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; la retribución a la producción en los sistemas no peninsulares y las anualidades correspondientes a los déficit del sistema eléctrico.
El Gobierno aprobó ayer el real decreto-ley que devuelve a la CNMC las competencias sobre la fijación de los peajes de acceso a la redes de transporte y distribución de gas y electricidad, que le fueron retiradas en 2014 por el anterior Ejecutivo y, desde entonces, el Gobierno fijaba las tarifas y la CNMC validaba la metodología.
Con el nuevo reparto de competencias, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido evitar una posible sanción si la Comisión Europea (CE), que emitió en 2016 un dictamen en el que concluía que España no había traspuesto bien las directivas sobre normas para el mercado interior de la electricidad y el gas, presentaba contra el país un recurso de incumplimiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE).
La CNMC asume sus nuevas competencias desde mañana, en que entra en vigor el real decreto-ley publicado hoy en el BOE, y deberá presentar antes de que acabe este año su propuesta de peajes para 2020, ya que los que se van a aplicar en 2019, período para el que se mantienen congelados por quinto año consecutivo, están ya aprobados por el Gobierno.
Dabama
14/01/2019