Representantes de las empresas generadoras de energía eólica y fotovoltaica han reclamado este jueves, en la comisión del Senado que investiga el apagón ocurrido el pasado 28 de abril, que se ponga fin cuanto antes al sistema eléctrico reforzado que el Gobierno habilitó de forma temporal en noviembre de 2025.
El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez López, ha estimado un 15% de pérdida de ingresos para su sector por este modo de operación, que supone menos integración de las renovables en el sistema y que se mantiene por precaución tras el apagón.
Según ha explicado, el apagón del 28 de abril ha terminado "penalizando" al sector generador de energía eólica, tanto en costes como en decisiones de inversión futura, a pesar de que "está claro que la eólica no ocasionó ningún tipo de problema" ni "genera inestabilidad al mix".
El apagón y el sistema reforzado
Ha recordado que las medidas que conlleva están suponiendo "un coste extra de 550 millones de euros por unos combustibles fósiles caros, que es dinero que las empresas y los ciudadanos se pueden ahorrar" y que con él se están produciendo vertidos fuera de la red eléctrica y "primando deficiencias en el sistema".
En su comparecencia, ambos se han quejado del desfase entre regulación y tecnología y han opinado que el apagón demostró que la regulación tiene que ir acompasada con el desarrollo de las tecnologías y a ser posible adelantarse.
Alonso ha relatado que el día del apagón las renovables no pudieron "hacer nada" ante el problema de control de tensión porque tenían "las manos atadas", dado que el procedimiento técnico correspondiente -el llamado plan operativo 7.4- no se había aprobado y estaba guardado en un "cajón" de la CNMV desde 2020.
Este plan, que sí habían aprobado en 2020 otros países como Portugal, se aprobó en España siete meses después del apagón y permite a la energía fotovoltaica controlar la tensión.






Ana
19/02/2026