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En el año 2014, la Unión Europea estableció el horizonte 2030 sobre clima y energía, que posteriormente, en 2018, se revisó para proponer objetivos de energías renovables y eficiencia energética más ambiciosos. El éxito de este proyecto, desarrollado en España mediante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para conseguir importantes ahorros energéticos, depende en gran parte, del aumento y la mejora de la eficiencia energética.

El PNIEC considera necesaria una inversión en España durante el período 2021-2030 en eficiencia energética de más de 86.000 millones de euros, para alcanzar el objetivo del 39,5% de mejora de eficiencia energética en 2030. Este es un reto ambicioso, y más teniendo en cuenta la coyuntura actual de recesión económica con una previsión de caída de más del 12% del PIB, que dificultará su ejecución.

En este desafío, las empresas de servicios energéticos (ESEs) tienen un papel fundamental. Una de las problemáticas en ese sentido es que, según el observatorio ANESE 2018, el 95% de las ESEs son PYMEs y el 83% de las cuales, de pequeño tamaño. Además, el 60% facturan menos de 2,5 millones de euros anuales y solo un 20% facturan más de 10 millones de euros al año. Por lo tanto, estamos ante un colectivo de cierta vulnerabilidad económica, que puede sufrir un impacto de moderado a significativo en sus cuentas de resultados. De hecho, ya se han producido situaciones en las que, durante la ejecución de algún proyecto de cierta envergadura, la empresa de servicios energéticos no ha podido finalizarlo y ha entrado en proceso concursal, no solo causando un grave perjuicio a sus propietarios y trabajadores, sino también, de forma indirecta, al colectivo en general.

Por otra parte, a causa de la pandemia por la COVID-19, estas empresas van a tener un menor acceso a créditos financieros, que van a contar con unas condiciones de contratación más duras que en etapas anteriores. Esto se traduce en un inconveniente para muchas ESEs, que en 2018 requirieron financiación en el 60% de su facturación, según el mismo estudio de ANESE.

Para muchas de estas empresas, la situación actual supone un mazazo y la falta de liquidez hará que su continuidad esté en la cuerda floja. Si el importe medio del presupuesto de inversión en las industrias es de más de 500.000 €, la coyuntura actual no les beneficia en absoluto.

Además, las ESEs cuentan con un agravante de responsabilidad en los contratos de rendimientos energéticos (EPC, abreviación de la nomenclatura en inglés), tanto en la modalidad de ahorro garantizado, donde el cliente financia el proyecto y la ESE asume el compromiso de que, en la eventualidad de no producirse el ahorro prometido, corre a cargo de dicho importe; como en el modelo de ahorros compartidos. En este último, el compromiso pasa por repartir este importe con el cliente, lo que hace indispensable una herramienta que minimice al máximo el riesgo económico de este tipo de actuaciones profesionales.

Desde ya hace años, tenemos conocimiento de que el entorno industrial ha tenido la inquietud de disponer de algún tipo de garantía financiera, que respalde los compromisos adquiridos con sus clientes. Desde nuestra posición estratégica, donde los valores de sostenibilidad y el apoyo al mundo industrial forman parte de nuestro ADN, hemos estado trabajando en la línea de dar respuesta a las necesidades de este colectivo.

Por ello, hemos estado trabajando en el desarrollo de un producto pionero y exclusivo conjuntamente con los líderes mundiales de reaseguro y mediación, que garantiza el cumplimiento del ahorro energético prometido por la empresa de servicios energéticos. Además, incluye un todo riesgo de daños materiales de los elementos instalados y una opción de garantizar la pérdida de beneficios en caso de siniestro.

Asimismo, y cubriendo una de las problemáticas con las que se encuentran las ESEs, el seguro de eficiencia energética favorece la financiación ya que, con un contrato garantizado, el financiador tiene la tranquilidad de que la ESE no tendrá insolvencias económicas y contará con el valor añadido de poder financiar en condiciones más favorables que un proyecto que tenga riesgo de no llegar a buen fin.

Con este respaldo, las empresas instaladoras que aportan garantías económicas a su proyecto ven aumentada su reputación y prestigio, facilitando la posibilidad de conseguir nuevas contrataciones, además de afianzar la solvencia de la empresa mejorando su “rating” y disminuyendo el riesgo de insolvencia.

La profesionalidad de las empresas de servicios energéticos, no solo se mide por los aspectos técnicos de las soluciones energéticas o por márgenes económicos ajustados, sino también por la capacidad de una correcta gestión en la gerencia de riesgos, entre los que se encuentran los riesgos financieros a los que el seguro de eficiencia energética contribuye de forma determinante.

_Andreu Mingote es _Director Técnico de Serpreco

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