Las petroleras advierten de que el nuevo impuesto pone en riesgo las inversiones y el empleo en la transición energética

Tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación, y la consecuente avocación a Pleno del Congreso de la Proposición de Ley para el establecimiento de un gravamen temporal energético, la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP) reitera su disconformidad con el planteamiento del mismo y lamenta que no se hayan abordado ni corregido algunos de los importantes problemas señalados por la asociación en el planteamiento y puesta en marcha de este nuevo gravamen.

Las petroleras ya expresaron las críticas al impuesto, motivadas por la falta de justificación real, los problemas en su planteamiento y los errores que derivarían de su aplicación, tal y como está configurado.

La asociación señaló, asimismo, las preocupantes consecuencias que se podrían derivar de la puesta en marcha de este gravamen, que obligará a detraer recursos que hoy se dirigen a investigar e invertir en nuevas tecnologías que contribuyan a descarbonizar los productos y a mejorar la eficiencia energética de los procesos.

Según las compañías petroleras, una merma de sus recursos podría comprometer, en especial, las inversiones para alcanzar la neutralidad climática a la que se han comprometido España y Europa.

La importancia del refino

Además, AOP ha señalado la grave afectación a un sector estratégico para la economía española, como es el refino, tal y como ha reconocido el Gobierno en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), señalando que el sistema de refino español “se puede considerar único en Europa” por su “gran flexibilidad para adaptarse a todo tipo de situaciones, permitiendo a los agentes del mercado abastecerse [de crudo] de distintos orígenes”.

Esto se debe a las inversiones que se realizaron entre 2008 y 2012, que alcanzaron casi los 7.000 millones de euros y permiten que hoy España tenga el suministro de combustibles garantizado, situación que puede verse comprometida con la puesta en marcha de nuevas cargas fiscales.

En este sentido, el sector del refino lamenta la oportunidad perdida que ha supuesto la tramitación parlamentaria de la norma en Comisión, ya que se mantienen relevantes incongruencias e inoportunidades señaladas de inicio por la propia Asociación. Entre ellas, destacan el riesgo de doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades, los errores en la definición de la base imponible o los ingresos obtenidos de otras actividades no energéticas, como las ventas de productos distintos del combustible en las estaciones de servicio.

Según las compañías petroleras, tampoco se han incluido medidas que incentiven, o al menos no impidan, las inversiones necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía y para garantizar el aprovisionamiento en la UE, deduciendo del gravamen la realización de inversiones, o el compromiso de realizarlas en el futuro (2022-2027) mediante planes de inversiones, destinadas a la descarbonización y a la transición energética.

En definitiva, las petroleras denuncian que con este gravamen se castiga a un sector clave y especialmente estratégico en la coyuntura geopolítica actual, mermando su competitividad y comprometiendo sus inversiones en la descarbonización y en la transición energética.