Los acreedores dan luz verde a Abengoa para vender una participación en el arbitraje contra España

Abengoa ha obtenido el consentimiento por parte de sus acreedores para la venta a un conjunto de fondos por un importe inicial de 75 millones de euros de una participación en el arbitraje interpuesto contra el Reino de España en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte a las primas a las renovables aplicado por el Gobierno en el pasado.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha obtenido finalmente los consentimientos necesarios, una de las condiciones interpuestas el pasado mes de septiembre para poder proseguir con la operación.

En concreto, el arbitraje fue interpuesto por CSP Equity Investments, filial del grupo de ingeniería y energías renovables, ante la Cámara de Comercio de Estocolmo en el año 2013.

Está previsto que la operación se estructure como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir del arbitraje en favor de CSP a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones de euros así como una cantidad adicional, "una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje".

Demandas contra España por los recortes

España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, así como ante otras instituciones internacionales relacionadas por las reformas energéticas de las renovables acometidas en a principios de esta década.

El Estado español acumula ya más de una decena de fallos en contra, la mayor parte de ellos ante el Ciadi, con demandas ganadas por 9REN, Antin, Eiser Infraestructure, o NextEra, entre otros.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes ascienden a más de 8.000 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.