Los centros de datos deberán demostrar que están entre el 15% más eficientes en consumo de agua y energía

Los centros de datos, infraestructuras críticas para el almacenamiento y procesamiento de información en la economía digital, afrontan un nuevo marco regulatorio en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a información pública el proyecto de Real Decreto sobre eficiencia energética y sostenibilidad en centros de datos, que fija condiciones inéditas para el sector: solo aquellos que acrediten estar entre el 15% de mejores instalaciones en consumo de agua y energía podrán obtener o mantener permisos de conexión a la red eléctrica.

La medida se enmarca en la trasposición de la Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética, que sitúa a los centros de datos como uno de los sectores con mayor crecimiento en demanda eléctrica. Según datos de Bruselas, estas instalaciones consumieron en 2018 el 2,7% de la electricidad de la Unión Europea, una cifra que podría elevarse al 3,21% en 2030 de mantenerse la tendencia actual. Para frenar esta trayectoria, la normativa comunitaria insta a los Estados miembros a establecer obligaciones estrictas de transparencia, eficiencia y reducción de huella ambiental.

Indicadores

El Real Decreto obliga a los operadores con una potencia instalada superior a 500 kW a remitir anualmente información exhaustiva al MITECO. Entre los indicadores figuran el consumo energético total y su procedencia (con detalle del porcentaje renovable), el volumen de agua utilizada, la cantidad de agua potable empleada, el tipo de refrigerantes usados y la reutilización de calor residual.

Además, los operadores deberán reportar el impacto socioeconómico de sus actividades: número de empleos directos e indirectos generados, nivel de cualificación del personal, efectos sobre el desarrollo territorial y contribución a la economía local y nacional. Toda esta información será de acceso público a través de la web ministerial, en línea con las exigencias de transparencia europeas.

Uno de los elementos más novedosos del proyecto es la obligación de aprovechar el calor residual generado por los servidores en centros de datos con potencia superior a 1 MW. Ese calor, hasta ahora desperdiciado en la mayoría de los casos, podrá emplearse en redes de climatización urbanas, calefacción de distrito o procesos industriales próximos a la instalación.

Los promotores deberán presentar un plan de aprovechamiento de calor que incluya un análisis de costes y beneficios, contemplando la viabilidad técnica, económica y ambiental de su implantación. Dicho plan deberá contar con la evaluación favorable de las comunidades autónomas y será remitido al MITECO. En caso de viabilidad acreditada, la reutilización del calor pasará a ser obligatoria, mientras que si se demuestra que no es factible, podrá quedar exenta.

El Real Decreto también recoge la necesidad de alinearse con el Código de Conducta Europeo sobre eficiencia energética en centros de datos, que establece un conjunto de buenas prácticas de referencia en la industria.

Para los centros de gran escala, con una potencia superior a 100 MW, la norma va más allá: deberán acreditar que se encuentran dentro del 15% de instalaciones más eficientes en indicadores clave como la eficacia en el uso de la energía (PUE), la eficiencia en el uso del agua (WUE), el factor de reutilización de la energía (FRE) y el coeficiente de energía renovable. Esto implica que los proyectos deberán incorporar tecnologías de vanguardia en refrigeración, gestión hídrica y uso de energías limpias.

Acceso y conexión

Quizá la medida de mayor calado es que el cumplimiento de estas condiciones se convierte en un requisito indispensable para obtener permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Es decir, sin acreditación de eficiencia y sostenibilidad, los centros de datos no podrán conectarse a la red ni expandir su capacidad.

Incluso aquellos que ya cuenten con permisos de conexión, deberán adaptarse a la nueva normativa en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma. De no hacerlo, no podrán firmar contratos técnicos de acceso a la red, lo que en la práctica limitaría su operatividad y expansión.

El Gobierno considera estratégico regular este despliegue para asegurar que el país se convierte en un hub digital sostenible y alineado con los objetivos climáticos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 y la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024.

El Ejecutivo subraya que esta regulación busca “maximizar los impactos positivos en el territorio y minimizar las externalidades negativas asociadas”, garantizando que la digitalización no se traduzca en un aumento descontrolado de la presión sobre recursos básicos como la energía y el agua.