Varias decisiones políticas erróneas y una mala gestión de un proyecto hacen que siete millones de españoles paguen el pato. Al final, los más indefensos son los que se llevan la peor parte y esto comienza a ser bastante asiduo por la piel de toro. El consumidor de gas en España tendrá que rascarse el bolsillo.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido trasladar a la tarifa del gas la indemnización a Escal, filial de ACS, que decidió renunciar al almacén de gas Castor tras generar muchos pequeños terremotos en la costa mediterránea.
En total, 1.400 millones de euros. Cada español que tiene gas en casa tendrá que pagar 200 euros sin tener ninguna culpa de todo esto. Eso sí, Industria ha conseguido que sea durante muchos años por lo que no se notará demasiado en los recibos.
Antecedentes
Vayamos por partes. El Gobierno de Zapatero, con el ministro de Industria, Miguel Sebastián a la cabeza, concedió a ACS la construcción y gestión del almacén subterráneo Castor. El proyecto fue adjudicado por unos 600 millones de euros. Varios años más tarde, Escal genera muchos más gastos que lo presupuestado. Al final entre unas cosas y otras el almacén nos cuesta unos 1.500 millones de euros. Y todo esto prácticamente sin que se entere nadie.
El problema llega cuando comienzan a realizar las pruebas de inyección de gas y la tierra empieza a temblar. Un seísmo detrás de otro. Así durante varias semanas. Los vecinos de Castellón no sabían ni de qué iba la cosa. Hasta que se enteraron. El revuelo fue tremendo. Cientos de pequeños seísmos dejaban a las poblaciones de Vinaroz y alrededores con el susto metido en el cuerpo. La alarma social llegó a los medios y el Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto. Se paraliza el proyecto. Entonces, ACS no se lo piensa dos veces y renuncia. ¿Por qué?
Los errores políticos
Aquí es donde vienen los errores políticos. El Gobierno socialista creó una norma por la que si una empresa decide renunciar a un proyecto por motivos económicos, es decir, que no sea rentable, o que se paralice el mismo por motivos políticos, la compañía tendría derecho a recibir una indemnización. Lo nunca visto. Riesgo cero para la empresa. Por eso Florentino decidió renunciar. Si el Gobierno no deja gestionar el almacén, tiene que pagar. Y así será.
Florentino Pérez, presidente de ACS. FOTO: Daniel Santamaría.
La cuantía que ha pedido ACS es de 1.400 millones. Cabe recordar que fue presupuestado por 600 millones aproximadamente. Es la cantidad que tiene que pagar el Estado por la renuncia. El ministro de Industria, José Manuel Soria, sabía que no podía hacer nada. La regulación era más que clara. El caso es que el PP se opuso a esa norma cuando estuvo en la oposición y cuando llegó al Gobierno la dejó como estaba. Cosas de los políticos.
Para que no sea tan abrumador para la sociedad, el Gobierno va a realizar una maniobra financiera para que no se note mucho en los bolsillos de los consumidores. Según fuentes cercanas a la operación, Industria lo primero que hará es anular la concesión, por lo que el activo gasístico se quedará en modo hibernación hasta nueva orden.
Estas mismas fuentes aseguran que el almacén inactivo pasará a manos de Enagás, operador del sistema gasístico. La empresa que preside Antonio Llardén no asumirá más gastos que los de mantenimiento de las instalaciones. Todo esa infraestructura dentro del mar tiene que cuidarse, sino el agua se come el almacén. Fuentes cercanas al operador del gas en España afirman que la medida no es tan negativa para la compañía ya que no tendrán que afrontar grandes gastos por ello. Además, según varios expertos el hecho de que se quede sin concesión no formará parte del sistema por lo que no se generará mucho déficit de tarifa, que es lo que se temía con la paralización de Castor.
Ayuda de los bancos
Pero hay que pagar los 1.400 millones de euros. El Gobierno ha negociado con un grupo de bancos, Santander, BBVA y Caixabank, según contaba ayer el diario online El Confidencial, formalizar un crédito para abonar los 1.400 millones de euros a los bonistas, que según fuentes cercanas a la operación se trata del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Panorámica del almacén de gas Castor construido por Escal, filial de ACS. FOTO: ACS
Con ese crédito se pagará a Florentino. Pero ¿cómo se devuelve el dinero a los bancos? El Gobierno no ha podido poner como garantía del crédito al Estado. Eso haría que los 1.400 millones de euros se fueran al déficit. Y Montoro no pasaba por el aro. La solución ha sido devolver el dinero a las entidades poco a poco con la tarifa del gas.
Según contaba El Confidencial, la fórmula del pago sería la siguiente. Los bancos se harían cargo de los 1.400 millones de euros de los bonos con una nueva emisión de deuda privada a largo plazo. Se habla de unos 20 años. Las entidades percibirán a cambio una rentabilidad que cobraría a cargo de los agentes del sistema, es decir, la propia Enagás y las grandes eléctricas que distribuyen y comercializan el gas. Y estas trasladarían a la tarifa esa cantidad que pagan a los bancos.
Al final, los siete millones de españoles que consumen gas pagarán de su bolsillo el fracaso estrepitoso de Florentino Pérez con el almacén Castor. Ni el Gobierno, ni el Estado, ni ACS, ni las empresas que comercializan el gas pagarán el pato. Ahora, toca explicárselo a la gente.
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