Los costes asociados a los servicios de operación del sistema eléctrico se han consolidado como uno de los principales factores de encarecimiento de la factura eléctrica en España. Durante la primera quincena de mayo de 2026, los consumidores asumieron un sobrecoste adicional de 19,92 euros por megavatio hora, mientras que el impacto acumulado desde el 1 de enero alcanza ya una media de 23,39 euros por megavatio hora, según el tercer informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación.
El informe cifra en más de 190 millones de euros el coste adicional soportado por hogares y empresas solo entre el 1 y el 15 de mayo. Con este nuevo incremento, la factura acumulada por estos conceptos en lo que va de año supera ya los 2.100 millones de euros, una magnitud que evidencia el creciente peso de estos servicios dentro del precio final de la electricidad.
La principal conclusión del observatorio es que una parte cada vez mayor de lo que pagan los consumidores por la electricidad ya no responde al precio del mercado mayorista, sino a costes adicionales vinculados a la operación del sistema. En términos prácticos, más de uno de cada cuatro euros abonados por la electricidad corresponde ya a estos servicios, que incluyen los costes de restricciones técnicas y balance, según los datos procedentes de ESIOS de Red Eléctrica recogidos en el documento.
El impacto se refleja de forma directa en el precio final de la energía. Para el periodo analizado, el informe sitúa el precio medio del mercado diario en 55,28 euros por megavatio hora, al que se suman 19,92 euros por megavatio hora en servicios de operación. El resultado es un precio final de 75,08 euros por megavatio hora, de los cuales el 27% corresponde a estos costes adicionales y el 73% al mercado diario.
Impacto para el consumidor
El encarecimiento no afecta por igual a todos los consumidores, aunque se traslada de manera generalizada a la factura eléctrica. En el caso de los hogares acogidos al PVPC, el impacto estimado sobre la factura alcanza el 13%. Para las pymes con tarifa 3.0TD, el efecto se eleva al 15%, mientras que para los consumidores electrointensivos con tarifa 6.4TD llega al 34%, lo que convierte estos costes en un factor especialmente sensible para la competitividad industrial.
El observatorio advierte de que estos costes han crecido a gran velocidad en los últimos meses y empiezan a comportarse como un gasto estructural dentro del sistema eléctrico. La evolución recogida en el informe muestra un fuerte aumento respecto a ejercicios anteriores, con medias anuales que han pasado de 11,26 euros por megavatio hora en 2024 a 16,23 euros por megavatio hora en 2025, hasta alcanzar los 23,39 euros por megavatio hora acumulados en 2026.
Según el documento, el incremento se ha visto agravado por la aplicación de medidas extraordinarias, entre ellas la denominada operación reforzada. El informe vincula la intensificación de este mecanismo al apagón del 28 de abril de 2025 y sostiene que su uso ha provocado un aumento sustancial de los costes soportados por hogares y empresas.
Señal de precios distorsionada
Las entidades promotoras del observatorio consideran que esta situación genera una señal de precios distorsionada, encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía. Por ello, reclaman medidas urgentes para corregir estas distorsiones, mejorar la transparencia y evitar que los costes de operación sigan trasladándose de forma creciente a consumidores domésticos, pymes e industria.
Entre las actuaciones planteadas, el informe reclama que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los vinculados a la operación reforzada, cuya eliminación, según el documento, permitiría generar ahorros relevantes para los consumidores. También pide que se publique información detallada, periódica y accesible sobre estos conceptos, así como un plan de acción con una fecha concreta para poner fin al uso del modo de operación reforzada.
El observatorio propone además estudiar soluciones regulatorias que permitan financiar estos servicios de forma más estable a través de los costes regulados del sistema eléctrico, con el objetivo de garantizar la seguridad del suministro sin penalizar la competitividad industrial. Asimismo, defiende una reforma estructural de la fiscalidad energética que consolide de forma permanente la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras medidas.
El informe está suscrito por varias organizaciones empresariales, industriales y de consumidores, entre ellas AELEC, ACENEL, ACIE, AEGE, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y CONSUMES. Estas entidades sostienen que el aumento de los costes de operación debe abordarse de forma coherente con los objetivos de descarbonización, reducción de costes, autonomía energética y competitividad económica.
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