Amigos de la Tierra, Food & Water, Corporate Europe Observatory y Greenpeace han publicado un estudio en el que señalan que las cinco empresas de gas y petróleo más grandes del mundo han invertido un mínimo de 251 millones de euros para presionar a la Unión Europea e influir en sus decisiones políticas desde 2010. Ante esta situación alrededor de 200 organizaciones de la sociedad civil reclaman poner fin a estas prácticas de lobby.
El estudio recoge que estas multinacionales, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y Total, han mantenido 327 reuniones de alto nivel con altos funcionarios de la UE desde que el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ocupase el cargo en 2014. Esto prueba que las compañías, a través de más de 200 empleados que trabajan en grupos de presión, han celebrado más de una reunión por semana en las que han tenido la oportunidad de incidir en las políticas climáticas y energéticas.
La investigación de Amigos de la Tierra, Food & Water, Corporate Europe Observatory y Greenpeace se enmarca en una campaña que exige el fin de las prácticas de lobby con intereses privados en espacios públicos de decisión, una demanda que cuenta con el apoyo de alrededor de 200 organizaciones.
Los datos de la investigación han sido recopilados mediante el registro de transparencia de lobby de la Unión Europea, así como de la agenda de encuentros que publica regularmente la Comisión.
Con estas herramientas en la mano, la sociedad civil puede seguir más de cerca las actividades a puerta cerrada de estos sectores, lo que facilita probar los conflictos de interés en la toma de decisiones y, por tanto, exigir a la Comisión Europea, eurodiputados y gobiernos, que fuercen la salida de estas grandes empresas de los espacios públicos. Tal y como en su día se hizo con la industria del tabaco, es necesario expulsar a estas multinacionales por su contribución al cambio climático y su responsabilidad al poner en peligro la salud de la población.
Como consecuencia de la influencia reiterada de estas empresas a través de sus grupos de presión en Bruselas, las organizaciones firmantes consideran que se ha logrado retrasar y debilitar la acción europea y estatal en términos de políticas climáticas. Los objetivos generales y no vinculantes de las directivas del Paquete de Energía Limpia aprobado el año pasado por la UE son un ejemplo claro de su capacidad de incidencia. Mediante estas prácticas, la industria de los combustibles fósiles se asegura ayudas millonarias al tiempo que sigue con sus actividades lucrativas de manera habitual.
“La Comisión Europea debe tomar nota y cumplir con el mandato de la ciudadanía, que es a la que realmente debería representar. Es prioritario que los Gobiernos de cualquier ámbito excluyan los intereses privados de su toma de decisiones y empiecen a aplicar medidas que nos permitan enfrentarnos a la emergencia climática, apostar por un modelo energético limpio y en manos de la gente, basándonos en los principios de la energía comunitaria”, ha señalado Héctor de Prado.
El estudio concluye señalando que estas cinco compañías, responsables del 7.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre 1988 y 2015, tan solo en 2018 han contado con unos dividendos que ascienden a los 82 mil millones de dólares.
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