En la cruzada que mantiene el equipo del Ministerio de Industria para acabar con el déficit de tarifa, se han tomado muchas decisiones. Unas acertadas; otras no tanto. Pero hay una que tiene unas consecuencias muy negativas, por injustas, y que afecta sobre todo a los colectivos más desfavorecidos. Se trata de la estrategia seguida por el Gobierno en relación a la tarifa eléctrica encaminada a garantizarse los ingresos del sistema eléctrico mediante** un incremento sustancial y poco razonable de la parte fija de la factura de la luz, es decir, de la potencia contratada**, que en el caso del consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92%, mientras que para los profesionales el aumento ha sido del orden del 145%.
El efecto de esta subida resulta muy nocivo, ya que afecta más a los clientes de bajo consumo, tramo donde se encuentran los colectivos más desfavorecidos, y, además, resulta desincentivador para todo lo que sea eficiencia y ahorro energéticos, ya que lo que una familia pueda ahorrar en consumo lo pierde por la subida del término fijo de la factura. La nueva estrategia, además, ha supuesto un cambio radical respecto de la que se barajaba a finales del 2012 cuando la CNE propuso el sistema de peajes progresivos donde sugería que el precio de la electricidad fuera más caro para los que más consumían.
El resultado de este dislate lo ponía ayer de manifiesto el presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), Francisco Valverde, quien en un breve informe ponía números al despropósito de Industria: la sobrecapacidad de la potencia contratada tanto por los consumidores domésticos de electricidad como por los industriales es de 136 GW, ya que entre los dos colectivos tienen contratados 175 GW de potencia cuando lo máximo que los consumidores han llegado a demandar en 2014 han sido 39GW.
La magnitud de semejante desatino se pone de manifiesto cuando el inmenso desajuste que existe en el sistema con respecto a la potencia, se traslada al recibo de la luz que pagan los españoles, ya sean consumidores domésticos o profesionales, por potencia facturada y no utilizada, es decir, por el exceso de potencia contratada. Según el cálculo del presidente de ANAE, los españoles pagan 8.080 millones al año, o 10.277 millones si se suman los impuestos, por el exceso de potencia. Es decir, que los españoles regalan a los distribuidores de electricidad la primera cifra y la diferencia entre esta y la segunda, es decir, casi 2.200 millones, a las arcas de Hacienda.
Rebajar la potencia
¿Conclusión? El consumidor doméstico de electricidad puede rebajar el coste de su factura de electricidad en 61,5 euros al año, impuestos incluidos, si recorta en un tramo, o en 1,15 kilovatios (Kw), la potencia contratada. Por ello, el presidente de ANAE no duda en recomendar a todos los consumidores de electricidad que optimicen los diferentes parámetros de las facturas y muy especialmente, su potencia contratada.
Valverde lamenta en su informe el "total incumplimiento" por parte de las empresas a la hora de recomendar la potencia que el consumidor debería contratar y la oportunidad perdida de convertir los contadores inteligentes en herramientas para ajustar la potencia a las necesidades reales. Por el contrario, a Valverde no le queda otro remedio que calificar de "sorprendente" que solo la potencia contratada que tiene el consumidor doméstico, de 110 GW, es superior a toda la potencia de generación instalada, que asciende a 108 GW.
"Buena parte del sistema se sustenta en base a unas potencias contratadas excesivamente sobredimensionadas, sobre todo para el consumidor de baja tensión (tarifas 2.0x, 2.1x y 3.0A)", afirma Valverde. Y es que solo entre las dos primeras hay 26.756.656 contratos de un total de 27.596.223. El tema de la sobredimensión de la potencia viene de antiguo, pero el despropósito se ha culminado con una subida del término fijo de la tarifa que tiene, entre otras cosas, un cierto tufillo recaudatorio.
carles
22/10/2014