Los fotovoltaicos denuncian la doble vara de medir del Gobierno

Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, denuncia el doble criterio del Gobierno en lo concerniente a Seguridad Jurídica. Según la patronal fotovoltaica, cuando las grandes empresas del sector energético ven dañados su intereses dentro o fuera de España, el Gobierno se convierte en el mayor defensor de este principio constitucional, como ocurrió con el caso de la expropiación de la filial de Repsol en Argentina o la expropiación en Bolivia de la filial de Red Eléctrica Española, por poner algunos eejmplos en el exterior.

En lo referente a las actuaciones de firmeza interna en defensa de la seguridad jurídica del sector energético, tenemos varios ejemplos, como la millonaria compensación de Costes de Transición a la Competencia (CTC) que se le abonó a las grandes eléctricas; los pagos en concepto de moratoria nuclear, que todavía se están pagando a estás eléctricas; los mil millonarios pagos por capacidad a los ciclos combinados de, una vez más, las grandes eléctricas; o, más recientemente, la compensación a la empresa ACS, que desarrollaba el proyecto Gas Castor, una indemnización que asciende a 1.350 millones de Euros, que deberán abonar los ciudadanos.

Con respecto al pago realizado a ACS, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer, en el programa El Objetivo de La Sexta, que no cumplir lo pactado en el decreto "hubiera sido una prevaricación por parte del Gobierno".

Muy por el contrario, las 62.000 familias españolas productoras de energía solar fotovoltaica, no solo se han visto abocadas a la ruina por la derogación orquestada por este Ministro de los distintos Reales Decretos que fijaba el marco de relación entre el Estado y estos particulares, sino que el Gobierno ha lanzado una campaña de descrédito de este colectivo para hacer socialmente tolerable esta vulneración de la seguridad jurídica, culpando falazmente a las renovables del déficit de tarifa del sistema eléctrico, cuando este se produce, básicamente, tal y como señala la propia Unión Europea, por la sobre retribución de las instalaciones nucleares e hidráulicas de las eléctricas, unos sobrecostes que no encuentran la legitimación social ni medioambiental que sí tienen en toda Europa las primas a las renovables, cuyos retornos económicos y medioambientales son evidentes.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, considera "una nueva humillación que las normas que regulan de manera tan caprichosa los pagos a las grandes del sector estén escritas en piedra y se considere una prevaricación alterar dichas condiciones; mientras que las normas que afectan a 62.000 familias parezcan estar escritas en plastilina y su radical alteración, 8 Reales Decreto en 4 años, se ampare en el supuesto interés del sistema eléctrico, una doble vara de medir inmoral y cruel"