Los inversores españoles en renovables reclaman justicia ante la más que probable indemnización a desarrolladores internacionales

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha alzado la voz contra lo que considera una "grave injusticia" en el tratamiento desigual que están recibiendo los inversores en energías renovables. Mientras que los inversores internacionales afectados por los recortes retroactivos en España están siendo compensados con miles de millones de euros, las 65.000 familias españolas que pioneramente impulsaron la transición energética no han recibido ningún tipo de indemnización.

El conflicto se remonta a 2007, cuando el gobierno español promovió la instalación de fuentes de energía renovable con el objetivo de reducir la dependencia energética del exterior y combatir la emergencia climática. Este impulso inicial llevó a España a convertirse en un líder mundial en energía solar y eólica, con una reducción significativa en los costos de la energía para consumidores y empresas.

Recortes

Sin embargo, dos años después, el Gobierno español comenzó a aplicar recortes retroactivos que afectaron gravemente a los pequeños inversores nacionales. Estas medidas, que llegaron a reducir hasta un 50% de los ingresos esperados, fueron justificadas en su momento como necesarias para evitar un déficit en el sistema eléctrico. Ahora, con los precios de la energía en mínimos históricos, estos recortes se ven como un error histórico que ha perjudicado a miles de familias.

"Es inadmisible que seamos los ciudadanos quienes paguemos los platos rotos, mientras los grandes fondos internacionales reciben compensaciones millonarias", afirma con firmeza Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier. La asociación ha dirigido una carta a las principales instituciones del Estado, incluyendo la Corona, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, para exigir una solución justa que equipare el trato a inversores nacionales e internacionales.

Costes

De los 52 demandantes internacionales, 26 ya han ganado sus casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con un coste para el Estado español de 2.000 millones de euros hasta la fecha. Esta cifra podría aumentar considerablemente si los casos restantes también resultan en laudos favorables. Esta situación ha puesto a España en el foco internacional como el país con mayor incumplimiento de sentencias arbitrales, superando a naciones como Rusia y Venezuela.

La indignación no se limita solo a los productores fotovoltaicos. Diversos sectores sociales y políticos han expresado su preocupación por las repercusiones que este trato desigual podría tener en la confianza de los ciudadanos en las instituciones españolas. "No somos ciudadanos de segunda. Merecemos el mismo respeto y la misma justicia que los inversores internacionales", clama Martínez-Aroca, destacando que sin la participación de las familias españolas en la fase inicial del desarrollo renovable, la transición energética no habría sido posible.

Situación tensa

La situación es cada vez más tensa, con Reino Unido, Austria, Bélgica y Estados Unidos ya tomando acciones legales para asegurar que sus inversores reciban compensaciones adecuadas. Por su parte, los inversores nacionales, que confiaron en las normativas publicadas por el Boletín Oficial del Estado y en las campañas del propio Ministerio, se ven ahora desprotegidos y ninguneados.

Anpier insiste en que aún hay tiempo para corregir esta situación y evitar que la transición energética en España quede manchada por una "injusticia histórica". La asociación está dispuesta a dialogar y colaborar con las instituciones para encontrar una solución que no solo compense a los inversores internacionales, sino también a las miles de familias españolas que han sido la piedra angular de este proceso transformador.