Eléctricas

Red Eléctrica y sus socios europeos alertan de que reducir la factura eléctrica no puede poner en riesgo las inversiones en infraestructuras

Entso-e respalda la propuesta de Bruselas para abaratar la electricidad, pero reclama una regulación que garantice una rentabilidad competitiva para financiar las inversiones récord que requerirá la modernización de las redes eléctricas y la transición energética

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Los operadores europeos de redes de transporte eléctrico, agrupados en Entso-e han reclamado a la Comisión Europea que la futura regulación para abaratar la factura de la electricidad preserve la capacidad de las compañías para financiar las inversiones sin precedentes que requerirá la transición energética. La organización considera que la propuesta legislativa presentada por Bruselas el pasado 17 de julio avanza en la dirección correcta, pero advierte de que necesita cambios para equilibrar el objetivo de hacer la electricidad más asequible con la necesidad de garantizar un marco regulatorio que permita atraer capital hacia las redes eléctricas.

En un documento de posición publicado este 23 de julio, Entso-e respalda la propuesta de reglamento que modifica el Reglamento (UE) 2019/943 para "blindar" las facturas eléctricas mediante la reducción de los costes del sistema y el impulso de la electrificación y la digitalización. Sin embargo, sostiene que el texto, tal y como está planteado, debe reforzar las garantías para que los operadores de sistemas de transporte (TSO) puedan obtener una rentabilidad competitiva que facilite la financiación de las inversiones necesarias para desarrollar las redes que exige la descarbonización y reforzar la seguridad energética europea.

La asociación europea insiste en que la transición energética solo será posible con una economía mucho más electrificada y alimentada por tecnologías libres de carbono, lo que requerirá un despliegue masivo y acelerado de infraestructuras eléctricas. Para que esas inversiones lleguen a tiempo, defiende que los reguladores deben ofrecer marcos estables, previsibles y orientados al largo plazo, con una remuneración suficiente para compensar el riesgo asumido por los inversores.

En este sentido, Entso-e reclama que la regulación reconozca explícitamente que los operadores de redes compiten con otros sectores por captar financiación. Por ello, pide que los marcos retributivos incluyan retornos adecuados, basados en criterios de mercado, que reflejen el riesgo de las inversiones y sean competitivos a nivel internacional. A su juicio, ello permitirá reducir el coste del capital —incluida la financiación mediante deuda— y, en última instancia, beneficiar también a los consumidores al contener los costes futuros de las tarifas.

Penalización de subvenciones

Asimismo, la organización solicita que no se penalicen las subvenciones o aportaciones de capital público, como las procedentes del Mecanismo Conectar Europa (CEF), dentro de las estructuras de financiación de las inversiones en redes y reclama una separación más clara entre los principios que regulan la remuneración de los operadores y aquellos que determinan el diseño de los peajes de acceso.

Entso-e también considera que los incentivos regulatorios no deben centrarse exclusivamente en la eficiencia de costes. En su opinión, deberían recompensar igualmente aspectos como la integración de los mercados, la seguridad del suministro, la estabilidad del sistema, la resiliencia de las redes y la ciberseguridad, especialmente en un contexto geopolítico cada vez más complejo y con amenazas crecientes para las infraestructuras críticas. Además, defiende que estos incentivos y sus indicadores de rendimiento deben definirse a escala nacional para adaptarse a las prioridades energéticas y climáticas de cada Estado miembro.

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Otra de las principales preocupaciones de los operadores europeos se centra en el diseño de los peajes de red. Aunque respaldan que existan principios comunes de transparencia, no discriminación y orientación a costes, rechazan una armonización obligatoria de las estructuras tarifarias en toda la Unión Europea. Argumentan que cada país presenta características diferentes en cuanto a generación, consumo, geografía, configuración de la red y costes, por lo que la fijación de tarifas debe seguir respondiendo al principio de subsidiariedad y permanecer bajo la responsabilidad de los reguladores nacionales. En consecuencia, proponen eliminar la posibilidad de que la Comisión Europea establezca metodologías vinculantes comunes y sustituirlas por recomendaciones no obligatorias.

Sistemas homogéneos de evaluación

La asociación también cuestiona la intención de imponer sistemas homogéneos de evaluación de la eficiencia de los operadores. Recuerda que los gestores de redes presentan diferencias muy significativas en tamaño, características técnicas y contexto nacional, lo que dificulta comparaciones útiles mediante metodologías uniformes. En lugar de ello, propone que los reguladores nacionales trabajen conjuntamente con los operadores para desarrollar herramientas de eficiencia adaptadas a cada realidad, valorando no solo el control de costes, sino también la ejecución efectiva de proyectos estratégicos y su contribución a la competitividad europea.

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Pese a estas reservas, Entso-e respalda buena parte de la propuesta de Bruselas. Entre los elementos que considera positivos figuran los principios para el diseño de los cargos de acceso a las redes, basados en criterios de transparencia, no discriminación y señales eficientes para el uso del sistema; el reconocimiento tanto de las inversiones de capital como de los costes operativos y de las inversiones anticipatorias dentro de los marcos retributivos; la aceleración del despliegue de contadores inteligentes para mejorar la observabilidad y la flexibilidad de las redes; y una fiscalidad más favorable para la electricidad que elimine la actual desventaja frente a combustibles fósiles como el gas, facilitando así la electrificación de la economía.

Con estas propuestas, los operadores europeos pretenden influir en la tramitación del reglamento comunitario para garantizar que las medidas destinadas a contener la factura eléctrica no terminen comprometiendo la capacidad inversora de unas redes que consideran imprescindibles para sostener la electrificación, la competitividad industrial y la seguridad del suministro en la Unión Europea.

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