El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un quebradero de cabeza para las comercializadoras de electricidad y gas en España. Allá en cada ayuntamiento donde la compañía tiene un solo cliente, debe pagar el IAE, y todo por no ofrecer a estas compañías el mismo trato que se da a empresas de otra índole, e incluso del propio sector energético, que trabajan a nivel nacional como hacen la mayoría de comercializadoras.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 van a acabar con esta injusticia que dejaba a las compañías bastante maltrechas económicamente. Por ejemplo, si tienes un único cliente en una pequeña localidad, la comercializadora pierde dinero sí o sí. Si tiene que pagar unos 600 o incluso 800 ó 1.000 euros al año por el IAE en cada ayuntamiento, el agujero puede ser enorme, incluso millonario en muchas comercializadoras.
Por eso, los presupuestos de Pedro Sánchez “crean nuevos epígrafes o grupos en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar de forma específica las actividades de comercialización de los suministros de carácter general (electricidad y gas), que hasta la fecha carecen de dicha clasificación”.
El IAE, o como una mala regulación pone en peligro a cientos de comercializadoras eléctricas
Según los PGE presentados este lunes, “al poderse elegir en las nuevas rúbricas entre los tres tipos de cuotas: municipal, provincial o nacional, se reducen las cargas administrativas para las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas que operan a lo largo del
territorio nacional derivadas de la obligatoriedad de satisfacer cuotas municipales en todos y cada uno de los municipios, se les homologa a los restantes operadores, es decir, a los productores, transportistas y distribuidores, y se evitan los litigios que pudiera provocar la actual inexistencia de epígrafes previstos en las Tarifas para dicha actividad de comercialización de energía eléctrica y gas”.
Se trata pues de una medida de la que se felicitan las comercializadoras. “Ya era hora. Se pone fin a una anomalía histórica que por pereza legislativa no se había corregido, creo que va a ser un elemento clave a la hora de fomentar la competencia en el sector eléctrico”, asegura Daniel Pérez, Legal Counsel de Holaluz.
Una de las cosas que aún no ha resuelto es el importe a pagar y en concepto de qué lo van a hacer, si por número de clientes o de energía vendida. Joaquín Coronado, director general de Podo, afirma que “Me parece una excelente medida si se simplifica la gestión y si el importe es proporcional a la cifra de negocios. El importe teórico a pagar ahora es superior al margen de comercialización que obtienen la mayor parte de las comercializadoras independientes. Es absurdo que se mantenga”.
Se trata de una reclamación histórica de hace años y que no hace mucho tiempo incluso ha recibido el apoyo de la CNMC, quien en un informe a petición de varias compañías suscribió las demandas de las comercializadoras y recomendaba un solo pago del IAE como hacen otros agentes del sector como las distribuidoras o el transportista del sistema eléctrico.
Ahora solo hace falta que se aprueben los PGE de 2019. De momento no pinta bien la cosa, pero quién sabe. De todas formas, para llevar a cabo este cambio no hace falta unos PGE. Con un Real Decreto por parte del Ministerio de Hacienda es suficiente, algo que han reclamado continuamente desde las compañías independientes. Pero menos da una piedra. De momento, está en los PGE. Algo es algo.