Los regadíos podrán tener contratadas dos potencias eléctricas estacionales gracias a una enmienda de los PGE que votó en contra PSOE, Podemos y PNV

El Pleno del Congreso ha aprobado dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para habilitar una modalidad de contrato de acceso al regadío para dos potencias eléctricas y obligar a suprimir lagunas de cotización en autónomos y trabajadores agrarios a efectos del cálculo de su pensión.

Estas enmiendas, dos nuevas disposiciones impulsadas por Junts, han sido incorporadas a las nuevas cuentas dentro de la primera tanda de votaciones parciales a los Presupuestos, que esta semana afronta su recta final antes de su aprobación y remisión al Senado.

Todo ello en contra del criterio del Gobierno, ya que el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra, así como el PNV y NC. La enmienda fue aprobada con el voto a favor del PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País, UPN, Teruel Existe CC, Compromís y BNG. Esquerra Republicana se abstuvo.

Concretamente, una de las disposiciones mandata al Gobierno a acometer reformas normativas que "supriman la situación discriminatoria" de autónomos y trabajadores agrarios respecto a la integración de lagunas de cotización a efectos del cálculo de la pensión de jubilación aplicadas en el Régimen General.

Para estos casos, la enmienda obliga a adoptar "los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de lagunas de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social".

Por otro lado, otra disposición obliga al Gobierno a aprobar en el plazo de seis meses un reglamento que regule un contrato de acceso para regadío con la posibilidad de disponer dos potencias diferentes a lo largo de doce meses, en función de la necesidad de suministro.

En este mismo plazo, la disposición obliga a presentar un Plan de Fomento de la Eficiencia Energética en las Explotaciones Agrarias. Asimismo, obliga a realizar una auditoría de costes de la industria de suministro eléctrico y de seguimiento de la repercusión de los mismos sobre el precio al consumo, con el fin de "asegurar la libre competencia y garantizar la no existencia de prácticas contrarias a la misma".