Madrid prorroga la moratoria a los coches sin etiqueta: así queda la situación

Madrid sigue ajustando sus reglas para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que cubre todo el municipio. Esta vez, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció en rueda de prensa que se prorroga un año más la excepción para vehículos sin distintivo ambiental de la DGT, pero solo para quienes estén empadronados en la capital. La medida evita multas de 200 euros a estos coches hasta el 31 de diciembre de 2026, argumentando que representan un porcentaje mínimo del parque móvil y su efecto contaminante es casi nulo.

Carabante dejó claro que no se trata de un permiso general. Los coches sin etiqueta de personas empadronadas fuera de Madrid ya están vetados desde hace tiempo, y esta prórroga no cambia eso. Es una forma de dar más margen a los afectados locales para adaptarse, mientras la ciudad avanza en su objetivo de reducir emisiones. ​

Contexto anterior

No es la primera vez que se pospone esta restricción. Desde que se aprobó la ZBE en 2021, el Ayuntamiento ha ido retrasando la prohibición total para vehículos sin etiqueta, especialmente los de residentes. La moratoria anterior cubría hasta finales de 2025, con un periodo de aviso sin sanciones para notificar a los dueños. Ahora, con esta extensión, se busca suavizar el impacto en unos 200.000 turismos antiguos que aún ruedan por las calles madrileñas. ​

Estos vehículos, matriculados antes de 2000 en gasolina o 2006 en diésel, son los más criticados por contaminar más. Sin embargo, el consistorio insiste en que su número es tan bajo (alrededor del 0,05% del total) que no altera los niveles de NO2 u ozono. Madrid debe cumplir normativas europeas estrictas para 2030, y medidas como esta se ven como un equilibrio entre salud pública y realidad social. ​

Reacciones políticas y críticas

La oposición no ha tardado en alzar la voz. Desde Más Madrid, la concejala Esther Gómez tacha la decisión de "desfachatez", acusando al equipo de Almeida de usar la mejora en la calidad del aire como excusa para mantener coches contaminantes en las calles. Señalan que Madrid aún no cumple del todo los nuevos estándares europeos y que priorizar a unos pocos perjudica a todos. ​

El PSOE también carga con dureza, calificando la moratoria de "original excusa" ambiental. Argumentan que es un retroceso en la lucha antipolución, ignorando problemas persistentes como el ozono y frenando la transición a movilidad limpia. Ven en esto un guiño a posiciones más conservadoras, cuando lo urgente es reducir tráfico y promover eléctricos. ​

Todavía es pronto para saberlo pero a partir de 2027, sin no hay más prórrogas anunciadas, estos coches quedarán fuera de la ZBE salvo excepciones muy puntuales, como servicios esenciales. El parque móvil madrileño evoluciona rápido hacia híbridos y eléctricos, con incentivos fiscales y más puntos de carga. Esta moratoria parece un paréntesis para no saturar desguaces ni mercados de segunda mano. ​

La comunidad pide más ayudas para la electromovilidad

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una ampliación presupuestaria por 85 millones de euros adicionales, con el objetivo de atender la alta demanda que experimenta el Plan Moves III 2025 en la región y tramitar más de 50.000 peticiones, tras agotar la financiación inicial.

El Ejecutivo autonómico madrileño lidera la gestión de este programa en España, con el 32% de las ayudas estatales destinadas a la movilidad eléctrica ya concedidas, una cifra que equivale a más de dos millones de euros entregados a los solicitantes. Madrid gestiona uno de cada tres euros de las subvenciones otorgadas a la movilidad eléctrica y uno de cada cuatro dirigidos al autoconsumo energético, área que representa el 26% del total nacional, según los datos facilitados por el Gobierno regional en un comunicado.

Para vehículos cero emisiones, Madrid abonó más de 45 millones durante este año, un 84 % de los 54,5 millones asignados inicialmente a la región. El Ejecutivo de Madrid realiza esta nueva solicitud de fondos, por un importe de 85 millones de euros, con la confianza de que sea atendida "con prontitud", para avanzar un modelo de transporte eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Esta petición se suma a una primera efectuada en septiembre, que solicitó 70 millones de euros, pero todavía no ha recibido respuesta del IDAE.