El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya acordó ayer solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre si se adecua al Estatut y a la Constitución el decreto estatal de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
La decisión tiene una cierta lógica a la vista del impacto negativo que van a tener en la economía catalana los recortes del llamado decreto de renovables y la orden ministerial posterior que lo desarrollaba y donde se fijaba la cuantía de estos. Según un estudio realizado por el Govern, y que ayer publicaba el diario Expansión en su edición catalana, el impacto para Cataluña de la mal llamada reforma energética será de al menos 185 millones de euros.
Según los cálculos realizados por la Generalitat, las 3.866 instalaciones catalanas acogidas al régimen especial percibirán de media un 15% menos que antes, siendo las plantas de purines y las de cogeneración las más afectadas, ya que sufren el impacto directo del 75% de los recortes contemplados en la reforma energética del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del pasado 6 de junio.
El cálculo parte de la base de que se mantengan abiertas las mismas plantas que en 2012, cuando se decretó una moratoria para las renovables, que duró hasta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó el pasado junio el real decreto sobre producción eléctrica. A la vista de que algunas instalaciones han cerrado –sobre todo entre las de tratamiento de purines–, la afectación seguramente será superior.
La retribución que les habría correspondido a las instalaciones catalanas acogidas al régimen especial es en 2014 habría sido de 1.227,4 millones de euros, pero finalmente recibirán 1.042,08 millones de euros, un 15% menos. De este importe, 546,25 millones corresponden al nuevo incentivo (primas) y 495,83 millones, a la retribución por la venta de la electricidad en el mercado.
Las plantas de purines, las peor paradas
Según los datos que maneja el Govern, el sector que más sufrirá es el de los purines, que dejará de ingresar 39 millones, lo que supone el 35% de su retribución. Un recorte determinante para que en este momento la mayoría de ellas se encuentre parada. Un problema de cierta envergadura, no ya por la menor capacidad de generación de energía como por el gran problema medioambiental que se les viene encima a las granjas y la pérdida de empleo. Catalunya cuenta con seis plantas de este tipo, tres de ellas propiedad de Dresser Rand y una de Abantia, EDF Fenice y Tracjusa, respectivamente.
La cogeneración también resultará muy perjudicada por la nueva normativa, con 99,73 millones de euros menos de ingresos, lo que supone un descenso del 16,3% sobre el marco retributivo anterior. La lista de damnificados la cierra el grupo de energías renovables –con mucho menor peso en Catalunya que en el resto de España–, ya que la solar fotovoltaica perderá 18 millones de ingresos al año y la eólica 10 millones.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios