Solo uno de cada diez ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial (13,67%) opina que la intención del Gobierno de que desde 2040 no se vendan en España turismos y vehículos con motores de combustión interna conllevará la desaparición de la industria automovilística española.
Así se desprende del tercer Barómetro Industrial elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti), en colaboración con el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación Caja de Ingenieros.
El documento recoge que el 34,4% de los encuestados opina que esta fecha límite para 2040 representará una oportunidad para transformar las plantas automovilísticas y para captar nuevas inversiones.
También el 28,14% considera que la imposibilidad de vender vehículos comerciales y turismos de combustión desde 2040 supondrá la creación y reciclaje de ciertos puestos de trabajo, mientras que el 23,75% cree que esta situación se traducirá en la destrucción de puestos de trabajo.
Por otro lado, los datos recogidos por el Barómetro indican que el 93% de los ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial valora como necesaria la transición energética en España, con un mayor uso de fuentes renovables frente a los combustibles fósiles.
Sin embargo, a la hora de valorar si España podrá ser 100% renovable en el año 2050, el 67% de los ingenieros entrevistados no lo cree posible, frente a un 33% que sí lo opina.
El estudio desprende otros datos como el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sobre el que el 87% de los encuestados considera que sí afecta a la industria española. De este porcentaje, casi la mitad de ellos piensa que afecta en un término medio, seguido de un 36% que cree que la guerra comercial afecta mucho a la industria española. Solo el 1% piensa que afecta "muy poco".
Respecto a los retos del futuro en el sector, el 28,8% de los encuestados considera que lo más importante es lograr un precio competitivo de la energía para las actividades industriales, seguido de un 18,1% que cree que es lograr un pacto de estado para el desarrollo de una auténtica política industrial española, y un 13,4% que cree que el objetivo es estimular y facilitar la inversión en innovación, desarrollo tecnológico y digitalización
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