Moody's ha advertido de la amenaza que representa para las energéticas la propuesta de revisión de las retribuciones para las actividades del sector eléctrico y del gas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para los próximos periodos regulatorios, con especial riesgo para las empresas gasistas.
En un informe, la agencia de calificación señala que la propuesta recogida en las circulares de la CNMC, en periodo de información pública y abiertas a alegaciones hasta el próximo 9 de agosto, suponen un recorte del 7% y 8% en la actividad de distribución y transporte de electricidad y del 18% y 22% para la distribución y transporte de gas, lo que representa un 'credit negative' para las empresas eléctricas y gasistas españolas.
En concreto, Moody's señala que Enagas ('Baa1' 'negativa') sería "una de las empresas más afectadas" debido a la eliminación gradual del componente de ingresos por disponibilidad (RCS), con un impacto que ascendería al 22% de su resultado bruto de explotación (Ebitda) fiscal en 2018.
En el caso de Redexis Gas ('Baa3' 'negativa') la merma del Ebitda por el impacto de los recortes en los ingresos regulados sería del 14%, seguido de Red Eléctrica de España ('Baa1' 'estable') y Naturgy con un 10% y 7% del Ebitda, respectivamente.
Un marco regulatorio "más transparente y predecible"
No obstante, a pesar de señalar el "potencial efecto negativo" sobre las 'utilies', Moody's cree que la propuesta de la CNMC sugiere un marco regulatorio "más transparente y predecible" para el sector.
La agencia considera que el cambio a una metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera basada en el WACC (Weighted Average Cost of Capital o Coste Medio Ponderado de Capital) contribuirá a una mayor transparencia en el establecimiento de tarifas y "alineará a España más estrechamente" con otros países europeos.
Asimismo, Moody's prevé que esta propuesta sea debatida ampliamente entre todas las partes implicadas y recuerda que aunque la CNMC es autónoma, existe por el Gobierno la posibilidad de recurrir a una Comisión de Cooperación si considera que no cumple con las orientaciones de política energética.
A pesar de ello, la agencia de calificación señala que, por ley, el supervisor tendría la última palabra en el caso de que el desacuerdo persistiera.
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