Política energética

Multinacionales con España reclama evaluar el impacto del decreto de centros de datos y más diálogo

Para la asociación, la norma incorpora modificaciones positivas que atienden preocupaciones del sector

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La asociación Multinacionales con España ha reclamado una "evaluación rigurosa del impacto económico" del real decreto que regula los centros de datos, aprobado por el Consejo de Ministros, así como un "diálogo más activo y continuado con el sector" para garantizar la viabilidad de sus exigencias y su alineación con el marco europeo.

Según ha informado la entidad que engloba a las principales empresas de capital extranjero en el país, la norma incorpora modificaciones positivas que atienden preocupaciones del sector, entre las que destacan la revisión de las obligaciones de soberanía digital y las flexibilizaciones energéticas para cumplir los requisitos de suministro renovable.

En este sentido, la organización ha valorado que acotar la soberanía digital permita realizar operaciones técnicas desde terceros países bajo determinadas condiciones, aunque ha advertido de que mantener el respaldo del 80% del consumo con generación renovable y la correlación horaria plantea dificultades técnicas y económicas.

Asimismo, ha subrayado que estas instalaciones operan de forma ininterrumpida y constituyen una "infraestructura crítica y transversal" para la digitalización y la competitividad económica, por lo que ha solicitado que los plazos de adaptación y las consecuencias por incumplimiento sean proporcionados y compatibles con los proyectos de inversión.

La exigencia del decreto de centros de datos

El real decreto aprobado por el Ejecutivo, derivado del Real Decreto-ley 7/2026 y aplicable a instalaciones de más de 10 megavatios (MW), exige acreditar ese 80% de origen verde mediante autoconsumo, almacenamiento o contratos a plazo superiores a seis años, estableciendo una senda flexible hasta 2032 para la correlación horaria.

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Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que sin esta normativa el despliegue de estas infraestructuras habría generado un sobrecoste anual de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica y un alza del 25% en el recibo industrial.

Finalmente, Aagesen ha precisado que España cuenta actualmente con 15 gigavatios (GW) con permisos de acceso concedidos y más de 20 GW adicionales en cola, unas cifras que desbordan las previsiones de menos de cuatro gigavatios para 2030 recogidas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024.

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