El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha avanzado que planteará a las Cortes un cambio normativo para que la responsabilidad de desmantelar las centrales nucleares pase de la empresa pública Enresa a las compañías propietarias, es decir, a las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.
Según Nadal, las empresas contarían con la parte correspondiente del fondo de Enresa dedicado actualmente a financiar el cierre de las centrales nucleares.
El ministro ha explicado que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear "es responsabilidad de todos" a través de Enresa. Por ejemplo, en Alemania donde hay un cierre progresivo de las centrales nucleares, son las propietarias las que cargan con los costes de desmantelamiento de las centrales.
Otra cosa es la gestión de los residuos, cuyo coste seguirá a cargo de Enresa.
Nadal ha añadido que la evolución del fondo de gestión de residuos nucleares de Enresa, que se nutre de las aportaciones de las eléctricas, depende de su rentabilidad financiera, que se ha visto perjudicada por la bajada de los tipos de interés. Según datos del propio Ministerio, el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2016 es de 5.017 millones de euros, como resultado de la diferencia entre los ingresos y los costes incurridos hasta esa fecha.
El propio Ministerio cuantifica que el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares ahora activas, incluida Garoña, sería de 4.491 millones de euros. Por su parte, Enresa cree que la cantidad necesaria para llevar esas tareas es algo inferior, de 4.175 millones.
Podría parecer que eso ya estaría cubierto, pero realmente anda muy lejos de estarlo. El fondo es deficitario a día de hoy. Tiene 5.017 millones (algo más con las aportaciones y rentabilidad de 2017) para cubrir todo, pero el Gobierno estima un coste total de 19.796 millones de euros, para todo el periodo de gestión considerado, que se extiende hasta el año 2089. Enresa, por su parte, calcula que la cantidad necesaria sería de 17.397 millones.
Si se tienen en cuenta los datos del Ministerio, éste afirma que el porcentaje dedicado al desmantelamiento de las centrales nucleares es del 22,7% del total. Si a 31 de diciembre de 2016 el fondo poseía 5.017 millones de euros, la cantidad exclusiva para el cierre de las centrales sería únicamente de 1.138 millones de euros. Esta sería la cantidad con la que las eléctricas contarían para llevar a cabo el desmantelamiento. Una cifra que se queda corta hasta los 4.491 millones de euros que calcula el Gobierno que hacen falta. Las eléctricas tendrían que poner de sus bolsillos más de 3.350 millones.
Fuentes del mercado señalan que esta medida tiene realmente un único objetivo, que es asegurarse el alargamiento de la vida útil de las centrales y que estén al menos funcionando hasta los 50 ó 60 años. Estas mismas fuentes explican que el Gobierno aprieta de esta manera a las eléctricas, sobre todo a Iberdrola, para que pidan mantener abiertas las centrales y no exigan su cierre por cuestiones económicas. Desde que se impuso la tasa por el uso de combustible nuclear en 2012, las centrales nucleares han dejado de ganar tanto dinero y se podría decir que actualmente cubren los costes anuales por los pelos.
Las centrales nucleares activas ya han hecho buena parte de sus deberes e inversiones para poder alargar su vida útil, algo que no se hizo por ejemplo con Garoña que finalmente se decidió cerrar el verano pasado. Como Iberdrola fue la compañía que más hizo porque cerrara Garoña, el ministro Álvaro Nadal pretende ahora asegurarse que las centrales sigan en funcionamiento otros 10 ó 20 años más. Se aviva la guerra Nadal-Galán.
Pongamos un ejemplo. La central nuclear de Almaraz. Su permiso de explotación de los dos reactores de Almaraz expira del 8 de junio de 2020 y se cumplen 40 años de su funcionamiento en 2021 y 2022, respectivamente. Quedan solo unos pocos años. Las propietarias de la central tendrían que hacer un desembolso muy fuerte de dinero dentro de pocos años cuando los reactores cumplan los 40, si se pretende no aumentar la vida útil de los mismos. Algo que descuadraría las cuentas de las eléctricas. Así con todos los reactores hasta 2028.
Sin embargo, si se decide alargar el funcionamiento de las centrales nucleares, las eléctricas ganan tiempo para ir provisionando el coste de los 3.350 millones de euros a la par que puedan ir obteniendo ingresos durante ese periodo con la producción eléctrica.
De esta manera, el ministro Nadal trata de asegurarse que el parque nuclear siga activo más allá de 2030. Le pasa la pelota a las eléctricas que se ven obligadas a pedir que sigan abiertas, algo que el Gobierno quiere a toda costa para que no se le dispare el precio de la luz en los próximos años.
Esta decisión la tienen que comenzar a tomar las compañías en los próximos meses. En mayo de 2019 se acaba el plazo para Almaraz que es la primera que cumple los 40 años. Solo tienen que cumplir los requisitos de seguridad que les imponga el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero con esta jugada, el Ministerio pone todo de su parte para que las eléctricas sigan con las centrales nucleares abiertas y no suceda como con las plantas térmicas de carbón que quieren cerrar las compañías, sobre todo las deficitarias.
Nadal sabe que el carbón tiene los días contados a pesar de su Real Decreto de cierre de centrales, por eso hace todo lo posible para que no se cierren también las nucleares. Verde y en botella.
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