Política energética

Nadal aprieta a la gran industria al reducir el precio de salida de los bloques en la subasta de interrumpibilidad

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El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha decidido apretar a la gran industria en la celebración de la subasta de interrumpibilidad. Y lo ha hecho con nocturnidad y alevosía al publicarse este 12 de octubre, festivo en toda España por ser el Día de la Hispanidad. Y ¿cómo? Pues rebajando drásticamente los precios de salida de los bloques que se subastarán.

En la puja para el ejercicio de 2017 se subastarán bloques de 5 y 90 megavatios (MW), por una potencia total de entre 2.060 MW y 3.140 MW, una cantidad que finalmente fijará el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Según detalla la resolución, se subastarán entre 1.430 y 1.970 MW de producto de 5 MW, con un precio de salida de 160.000 euros el MW, y entre 630 (7 bloques) y 1.170 MW (13 bloques) de producto de 90 MW, con un precio de salida de 310.000 euros el MW.

El año pasado, Industria colocó el precio de subasta en 340.000 € por MW en los bloques de 90 MW y de 200.000 € por MW en el caso de los bloques de 5 MW. Es decir, 40.000 y 30.000 euros respectivamente por bloque de un año a otro.

En noviembre

La subasta del servicio de interrumpibilidad para el próximo año se celebrará entre el 14 y el 18 de noviembre, según publica este día festivo el BOE.

Desde 2014, el servicio de interrumpibilidad se gestiona mediante un mecanismo de subasta competitiva, es decir, que se organiza en una serie de bloques que se asignan a los interesados dispuestos a cobrar una compensación menor.

Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto, dado que la partida energética es uno de sus principales gastos. Pero eso no va a poder ser ya que no pueden cambiar las reglas del juego estando el Gobierno en funciones.

La normativa dice que la cantidad destinada a la subasta de interrumpibilidad puede ser de un máximo de 550 millones de euros a repartir y que se carga a la tarifa como pago por capacidad.

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