Desde el pasado 31 de julio el futuro de las centrales térmicas europeas es cada vez más negro. Bruselas aprobó el endurecimiento de los límites de contaminación atmosférica de estas grandes emisoras. Tanto es así que si quieren seguir abiertas a partir de 2021 deberán realizar un coste estimado total de más de 15.000 millones de euros.
Eso es lo que dice la Unión Europea, porque en España el Ministerio de Energía tiene otro objetivo. Ya ha puesto en marcha una consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. Una consulta que responde al anuncio de hace unas semanas cuando afirmó que no le convence la normativa actual y que cerrar una planta nuclear o de carbón no será tan fácil.
El problema es que la normativa actual, al menos la europea, le pone más difícil a las térmicas seguir funcionando a partir de 2021. "Casi todas las centrales térmicas españolas que se acogieron al Plan Nacional de Transición están viendo que se acerca la fecha de decidir si acometen las inversiones necesarias para cumplir con la normativa europea de emisiones de GEI", explica el responsable de la campaña de Energía de Greenpeace José Luis García, "algunas han decidido que van a cerrar, otras están invirtiendo en las mejoras y hay otras que todavía no se han decidido, pero lo que quiere este Gobierno no tiene sentido, un país no puede decidir en contra de la Unión Europea, puede regular la normativa de procedimiento de cierre de una central, es lo único donde tiene el control, pero si no cumplen, tienen que cerrar".
"Debe ser que Nadal lee en el 'paquete de invierno' de la UE que como tiene que presentar un Plan de Energía, se acabo la liberalización, pero es una hipérbole sin ningún sentido", añade el experto, "las centrales que sean inviables ambientalmente no podrán seguir funcionando, el ministro no debe engañar a la gente diciendo que continuarán cuando no van a poder hacerlo, y presentar un plan de cierre ordenado y calendarizado de las centrales térmicas y nucleares que den paso a un futuro energético renovable y de mayor participación ciudadana".
Según la convocatoria de consulta pública, Energía argumenta que se puede regular el procedimiento de cierre de instalaciones de generación eléctrica de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de27 de noviembre, en donde "se sustancia la consulta pública previa para la aprobación de este nuevo Real Decreto". "La consulta tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada", dice el texto.
"Nosotros apoyamos el sector minero y las centrales de generación eléctrica porque entendemos que todas las fuentes son necesarias hasta que haya un sistema de generación renovable suficiente", señala Jesús Crespo, responsable del área de Energía de CCOO, "y como hasta ahora no es posible las centrales convencionales tienen que seguir funcionando". Además, según ha explicado, "la única que ha pedido por escrito el cierre es la de Anllares de Gas Natural Fenosa, nadie más ha presentado nada por escrito sobre su futuro".
Los sindicatos están de acuerdo en que el Gobierno deba priorizar "en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional” porque forma parte del marco de actuación que el Ministerio de Energía firmó con la patronal del carbón y los sindicatos donde se incluía el objetivo de "favorecer las inversiones y establecer los mecanismos necesarios para la continuidad de las centrales, incluyendo los aspectos medioambientales más allá de 2018".
En esa misma línea está Carbounion. Su presidente, Pedro Iglesia, ha defendido el carbón como único combustible fósil de carácter autóctono que tiene España, “que puede contribuir a la seguridad de suministro en momentos críticos”, y que por tanto, la solución al sector pasa por conocer los detalles del Real Decreto que se está preparando relativo al cierre de las centrales térmicas.
El próximo 15 de septiembre finaliza el periodo de consulta previo y se conocerán los requisitos que regulen el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica, como las distintas fases del mismo, la documentación que ha de presentarse, los informes que habrán de recabarse en el procedimiento, así como las autoridades y la forma en que han de intervenir para garantizar objetivos que se pretenden.
Entonces se verá si es compatible con la normativa europea.
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