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Navarra recurre la autorización estatal al proyecto de Forestalia de alta tensión

Se van a recurrir resoluciones administrativas de la Administración General del Estado por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental

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El Gobierno de Navarra ha acordado interponer un recurso judicial ante el contencioso-administrativo contra la autorización estatal al proyecto privado de Forestalia con cuatro líneas de alta tensión.

En concreto se van a recurrir resoluciones administrativas de la Administración General del Estado por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental y se otorgan autorizaciones administrativas previas para que Forestalia pueda desplegar cuatro líneas de alta tensión, de 400 kilovoltios cada una, para evacuar energía procedente de Aragón y trasladarla hasta la Comunidad Autónoma Vasca, atravesando el territorio de la Comunidad Foral.

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La posición contraria del Ejecutivo navarro a este proyecto ha sido recordada en rueda de prensa por el consejero de Medio Ambiente, José Mari Aierdi, quien se ha mostrado confiado en que se tengan en cuenta los posicionamientos desfavorables de las autoridades ambientales tanto de Navarra como de La Rioja.

El proyecto de Forestalia

En concreto, el Ejecutivo foral recurre las autorizaciones administrativas previas otorgadas al Grupo Forestalia para realizar a varias instalaciones de producción de energía eléctrica e infraestructuras de evacuación asociadas al denominado ‘Proyecto Mistral-Esfinge’.

El 22 de febrero de 2024 la Dirección General de Medio Ambiente emitió un informe exponiendo sus discrepancias con respecto a estas resoluciones favorables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por considerar que no habían tenido en cuenta sus informes, que eran desfavorables al proyecto por considerarlo incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales del territorio a su paso por Navarra.

Se recurren diversas resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental de parques eólicos y solares fotovoltaicos, proyectados mayoritariamente en la provincia de Zaragoza, así como de sus infraestructuras de evacuación, que atravesarían, entre otros, territorios de Navarra.

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Plantea también recurso ante las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, por las que se otorgan las autorizaciones administrativas previas.

Las discrepancias se fundamentan en cuestiones de forma y de fondo. De forma en relación al procedimiento seguido por el Estado, con una fragmentación que ha impedido a la Dirección General de Medio Ambiente "una adecuada comprensión y valoración global de la magnitud real y definitiva del proyecto y su repercusión medioambiental".

En cuanto al fondo, se considera que los proyectos analizados tendrán previsibles "consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, en concreto sobre especies catalogadas, objetivos de conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y sobre conectividad y coherencia ecológica de la Red Natura 2000".

El 20 de febrero el Gobierno ya acordó interponer un requerimiento previo a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa por esta cuestión.

Transcurrido el plazo de un mes para resolver el citado requerimiento previo sin haber recibido respuesta, se entiende desestimado por silencio por lo que la Dirección General de Medio Ambiente ha solicitado recurrir a la vía contencioso-administrativa, medida que ha sido aceptada en la sesión semanal del Ejecutivo de este miércoles.

La representación y defensa del recurso será asumida por el Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno, sin perjuicio de que pueda asignarse la representación a Procurador de los Tribunales.

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