El Tribunal de Distrito de Columbia (EEUU) ha dictado una nueva sentencia en contra de España por el recorte retroactivo de las primas a las renovables. Escasos días después de conocer los fallos de los casos Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services (conocido también como ‘caso Antin’), ahora sale a la luz una nueva decisión judicial que rechaza los argumentos esgrimidos por España en el litigio que mantiene con Infrared, brazo inversor del banco HSBC que desarrolló distintas instalaciones de energía renovable en nuestro país.
El caso Infrared, que está siendo gestionado por Blasket Renewable Investment, ha experimentado un importante avance con la sentencia publicada el pasado 13 de agosto y divulgada este martes públicamente. En ella, el juez John D. Bates rechaza los argumentos de España sobre la supuesta invalidez del arbitraje que condenó al país ibérico por retirar retroactivamente los incentivos ofrecidos a las energías “verdes”.
Según el fallo, la justicia de EE.UU. debe otorgar “plena fe y crédito” al laudo emitido por el CIADI, tribunal del arbitraje del Banco Mundial en el que Infrared canalizó su denuncia, apoyándose en dos piezas clave de derecho internacional: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y el Convenio que regula la actividad y el funcionamiento del propio CIADI.
La denuncia de Infrared arranca en 2014 (ICSID Case No. ARB/14/12) y se refiere a dos proyectos de inversión en renovables ubicados en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Los cambios regulatorios y fiscales aprobados entre 2010 y 2013 y la naturaleza retroactiva de estas modificaciones en el régimen de incentivos hicieron que el tribunal del CIADI conformado por S. L. Drymer, W. W. Park y P. M. Dupuy fallase contra España el 2 de agosto de 2019. España reclamó una revisión del proceso que decayó en marzo de 2021 con una nueva derrota. Ocurrió lo mismo con una petición de anulación que fue rechazada en pleno en junio de 2022.
En total, el laudo impone a España la obligación de abonar una compensación valorada en 28,2 millones de euros. Asimismo, los intereses de demora acumulados en este procedimiento se sitúan cerca de los 7 millones de euros, de modo que la factura total del caso Infrared ya ronda los 35 millones.
Más casos
Si se toman asimismo en cuenta las sentencias recientes que ha emitido la justicia de EE.UU. en relación con los casos Eurus (Grupo Toyota), RREEF e Infrastructure Services (conocido también como ‘caso Antin’), encontramos que los laudos registrados ante la justicia norteamericana suman una obligación de pago (o riesgo de embargo en caso de incumplimiento) de más de 360 millones de euros.
Las cuatro decisiones conocidas a lo largo del presente verano refuerzan más aún si cabe la posición de las empresas afectadas y facilitan los procedimientos de ejecución de los laudos en Estados Unidos, abriendo la puerta a nuevos embargos cautelares o finales de bienes del Reino de España en caso de que el gobierno de Pedro Sánchez no ofrezca una solución efectiva y rápida que permita poner fin a años de incertidumbre.
En este sentido, el acuerdo alcanzado con JGC el pasado mes de junio debe servir como base para cerrar de una vez por todas un lamentable episodio de incumplimientos que ha situado a España como el país con más laudos pendientes de pago, por delante de Venezuela y Rusia.
Impacto y riesgo de embargo
España acumula hasta la fecha un total de 26 laudos impagados por las renovables, más que cualquier otro país, y la negativa a pagar ha motivado embargos de bienes soberanos en jurisdicciones como Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, EE.UU. o Australia, incluyendo la incautación reciente de los ingresos por tasas de control aéreo que Eurocontrol transfiere mensualmente al operador español ENAIRE, una decisión autorizada por los tribunales belgas con un impacto estimado de 80 millones de euros.
En el marco del propio caso Infrared, los denunciantes lograron el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, una acción de confiscación que seguirá avanzando de no cerrarse un acuerdo que resarza a los afectados según lo dictado en el laudo que dirimió el caso.
España abonó en junio la compensación en el caso JGC y debe cerrar acuerdos similares en el resto de disputas para evitar prolongar un problema que daña su reputación y expone su patrimonio en el extranjero. En conjunto, las indemnizaciones pendientes superan los 1.492 millones de euros y, sumando intereses y sobrecostes procesales, la factura puede incrementarse en otros 386 millones adicionales, como exponen los afectados en la web SpanishRenewableDebt.com.
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