El sector energético en general y la electricidad y el gas natural especialmente deben ocupar una posición destacada en la agenda política del nuevo Gobierno que salga de las elecciones del próximo 20 de diciembre.
Cerramos una legislatura que ha estado marcada en el ámbito energético por las medidas adoptadas para embridar el problema estructural del déficit de tarifa del sistema eléctrico y parece que el objetivo final se ha alcanzado atendiendo a los resultados de las liquidaciones económicas del sector. Según la CNMC, la liquidación final del ejercicio 2014 ha cerrado con un superávit de 550 millones de euros.
Cuestión distinta es el coste en imagen y lo tocada que haya quedada la credibilidad de nuestro sistema eléctrico para atraer futuras inversiones, porque la solución del problema se haya alcanzado sin respetar los compromisos que la regulación había contraído con los agentes que tomaron sus decisiones de inversión, para alcanzar los objetivos marcados por la política energética. Prueba de ello son los más de veinte arbitrajes internacionales a los que se enfrenta el Reino de España con motivos de las medidas que han afectado a los inversores extranjeros en instalaciones de generación con fuentes renovables.
Al margen del curso jurídico que lleven estas disputas, toca el turno de enfrentar con mayor amplitud de miras lo que se quiere para el sector energético en los próximos años. No cabe duda de que soplan nuevos vientos para la energía en general, impulsados fundamentalmente por la evolución de la tecnología.
Solamente con observar la reducción de los costes de algunas tecnologías como la solar o la eólica y los precios a los que se están cerrando compromisos de venta de energía, por debajo de 50 € MWh producido según los resultados de algunas subastas en otros países, o el impulso que están tomando tendencias rupturistas, como los sistemas de almacenamiento con baterías, a pequeña escala, o el papel cada vez más activo que está interpretando el consumidor, podemos ver que estamos ante una verdadera transformación del sector.
Están apareciendo en el tablero de juego nuevos actores y tendencias que no existían cuando iniciamos los procesos de liberalización de los sectores del gas y la electricidad a finales del siglo pasado: el ahorro y la eficiencia energética, la generación distribuida, el consumidor como centro de gravedad del sector, las redes inteligentes, etc., a los que hay que dar acomodo en la redefinición de los marcos regulatorios.
Bajo el guion tradicional de la cadena de valor del sector eléctrico o gasista, se debe revisar el marco de desarrollo del mercado en sus dos facetas mayorista y minorista y también de las actividades de redes.
En el segmento minorista los cambios deben avanzar para permitir que el consumidor sea el epicentro de la trasformación del sector y ejerza de forma creciente un papel activo en la toma de decisiones y elección de opciones. Acompañado, necesariamente, por una mejora en la definición transparente, razonable y eficiente de los costes que debe pagar tanto por la energía como por los conceptos regulados.
Por el lado de las redes y gasoductos, hay que completar la regulación para dar señales claras a las empresas inversoras en transporte y distribución de los objetivos que se reservan para ellas en esta transformación hacia un sistema de mayor eficiencia energética, menor crecimiento del consumo, pero también con necesidades de nuevas inversiones y renovaciones hacia una red más moderna a las que hay que ofrecer la garantía de recuperación de las inversiones eficientes.
En el segmento del mercado mayorista, importantes retos en el lanzamiento del mercado organizado de gas natural y en la revisión y adaptación del mercado de electricidad, que cumple sus dieciocho años, y que necesita ajustes especialmente para la integración económica de las energías renovables, la retribución de las otras tecnologías y el papel de las tecnologías de respaldo.
También el giro en la estrategia de Europa para el cumplimiento, a nivel global y no individual de los países, de sus objetivos de reducción de emisiones y participación en la cesta energética de las energías renovables y los compromisos alcanzados en la cumbre COP21 de París, sin duda van a marcar las regulaciones individuales de los países.
Será necesario hacer valer el potencial de desarrollo de las energías renovables en la península ibérica, comparado con otros países del norte de Europa, para buscar los crecimientos más eficientes para el conjunto de la Unión, lo que nos debe situar en posiciones superiores a la media.
De la misma forma, nuestro sistema gasista, gracias a las inversiones ya desarrolladas en la red de gasoductos, las conexiones con África y las plantas de regasificación que rodean la península ibérica está en una posición privilegiada para ser la entrada de gas en Europa, combustible que ha de tener un papel protagonista como tecnología de respaldo para el desarrollo de las energías renovables.
Y para ambos aspectos claves del desarrollo energético, renovables y gas natural, en una visión global de objetivos europeos, donde España está situada mejor que la media, nos volvemos a encontrar el manido tema del desarrollo necesario de las interconexiones internacionales.
En definitiva, suficientes temas tanto en el plano nacional como en la implantación de la estrategia de transformación del sector energético en el ámbito europeo, para que la nueva legislatura se inicie con una atención especial hacia el sector energético.
Carlos Solé Martín es socio responsable de Regulación Energética en KPMG España y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
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