El Parlamento Europeo aprueba que la UE abandone el Tratado de la Carta de la Energía

El Parlamento Europeo ha aprobado que la Unión Europea en su bloque abandone el Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo postsoviético para proteger las inversiones energéticas que se considera alejado de los actuales objetivos climáticos de la UE.

No obstante, el club comunitario prevé facilitar también que los Estados miembros que quieran seguir vinculados a ese marco jurídico, puedan hacerlo.

Con 560 votos a favor, 43 votos en contra y 27 abstenciones, la Eurocámara respaldó este miércoles la retirada coordinada de la UE del Tratado tal y como propone el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros.

El Tratado de la Carta de la Energía

Para que la decisión tenga carácter oficial, sólo falta que el Consejo rubrique oficialmente la decisión del Parlamento.

"Quedarnos (...) expone a la UE a un impacto adverso de un tratado no reformado que es incompatible con nuestros objetivos climáticos y con el principio de autonomía", había dicho en el debate celebrado la víspera la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

El Tratado de la Carta de la Energía, firmado por 53 países y en vigor desde 1998, se diseñó para ofrecer garantías adicionales a los inversores en el área de la energía tras la caída del bloque soviético.

"Desde 1998 no se ha actualizado, mientras que las políticas climáticas y de inversión de la UE sí lo han hecho", recordó la comisaria.

Por ello, casi tres décadas después, muchos países de la UE entienden que ha quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático y prefieren abandonar ese pacto multilateral antes que negociar su modernización.

Muchos Estados miembros han concluido ya su retirada o están en vías de hacerlo, como Eslovenia, Luxemburgo, España, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Dinamarca, Portugal, Austria o Bélgica.

Las inversiones fósiles

Critican que el TCE protege las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y que la resolución de litigios se curse a través de tribunales privados de arbitraje, que en más de dos décadas han dado lugar a reclamaciones de unos 40.000 millones de euros.

"Lo más alocado es que es que la mayoría de las demandas se producen dentro de la UE", lo que permite que "las empresas pueden permitirse acudir a un tribunal privado" pese a existir sistemas judiciales con garantías, dijo en el debate la ponente del expediente en la Eurocámara, la eurodiputada ecologista alemana Anna Cavazzini.

En mayo del año pasado, por ejemplo, España, intentó sin éxito que el Tribunal Superior de Londres anulase el laudo arbitral Antin, que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos fondos de inversión de Luxemburgo y Países Bajos perjudicados cuando en 2013 redujeron las ayudas de 2007 a la energía renovable.

La eurodiputada española Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) pidió al Consejo durante el debate parlamentario que, una vez la UE salga del tratado, permita "que las resoluciones intracomunitarias dejen de tener lugar en virtud de este tratado, y vayan a donde deben ir, que es a los tribunales de justicia de la Unión".

Choque entre Bruselas y los Veintisiete

La Comisión Europea, ya que representa a la UE en el acuerdo, intentó renegociar el tratado entre 2019 y 2022, pues los firmantes siguen sujetos a sus reglas hasta veinte años después de su retirada.

Pero ante la negativa de los Veintisiete, Bruselas retiró esa propuesta de modernización y formuló una nueva fórmula legal para que la UE saliera del pacto en bloque y coordinadamente, que presentó a los Estados miembros el pasado 1 de marzo.

No obstante, tampoco los Estados miembros retuvieron esa iniciativa del Ejecutivo, pues algunos países -como Chipre o Eslovaquia- quieren quedarse y otros -como Hungría, Finlandia, Rumanía o República Checa- se lo plantean.

Ante esta situación, el Consejo de la UE propuso primero un texto de retirada en bloque y, más adelante, se tramitará otro procedimiento al margen de la Eurocámara para que los países comunitarios que así lo deseen puedan optar por seguir formando parte del tratado y renegociarlo el próximo mes de noviembre.