El Gobierno español ha dado un paso contundente en sus compromisos ambientales al formalizar su denuncia hacia el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un marco jurídico que según el mismo, "ha quedado obsoleto frente a los actuales objetivos climáticos".

La propuesta ha sido enviada al Parlamento, donde se espera su aprobación mediante un procedimiento de urgencia. Esta medida impulsará la retirada de España del tratado, uniéndose a otros países de la UE que ya han tomado esta decisión, como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo, incentivados por la propuesta en el mes de julio de la Unión Europa, donde animaba a la salida en bloque de todos sus miembros, desencadenando así una serie de movimientos que están transformando el panorama energético europeo.

El TCE, vigente desde 1998 y firmado por 53 países, ha sido objeto de críticas debido a su enfoque en la protección de inversiones en combustibles fósiles, interfiriendo con la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. La Comisión Europea había considerado previamente la posibilidad de modernizar el tratado, pero la resistencia de varios países llevó a la propuesta de abandonarlo en bloque, según lo sugerido por Bruselas en julio.

El portal Investigative Europe estima que la infraestructura fósil protegida por el tratado en la UE, Reino Unido y Suiza alcanza un valor significativo de 344.600 millones de euros. Estas inversiones, predominantemente en yacimientos de gas y petróleo, así como oleoductos, están en conflicto con los objetivos medioambientales actuales.

Decisión de España

La denuncia hacia el TCE por parte de España se fundamenta en su inadecuación al contexto energético actual, "poniendo en peligro" las inversiones necesarias para la transición energética. Aunque la Conferencia de la Carta de la Energía ha abierto un proceso de modificación, la unanimidad requerida hace difícil alcanzar un acuerdo.

La denuncia del TCE será efectiva un año después de su notificación, afectando a las nuevas inversiones en el Estado denunciante. Las inversiones existentes estarán protegidas durante 20 años más, gracias a la cláusula de "sunset clause" del TCE.

La retirada coordinada de los países de la UE señala la irreversible agonía del TCE, generando incertidumbre en futuras inversiones al no contar con un mecanismo multilateral de protección equivalente. Aunque algunos acuerdos bilaterales pueden suplir esta ausencia, la decisión conjunta de la UE sugiere un cambio estructural en la gobernanza de las inversiones energéticas en la región.