Nuestros dos objetivos fundamentales durante este tiempo han sido la lucha contra la pobreza energética y la denuncia de los abusos del Oligopolio eléctrico.
Sobre la pobreza energética al menos hemos conseguido uno de nuestros propósitos, que era visibilizarla, porque si bien es duro sufrirla, peor es la forma en que se ha tratado el tema hasta ahora, de manera callada, vergonzante, haciéndonos sentir culpables de padecerla, cuando más bien al contrario, somos los afectados directos.
Pero en el momento actual nuestro objetivo es más ambicioso aún, porque pretendemos que se reconozca legislativamente el suministro básico de energía como un servicio esencial y por tanto como un derecho básico de toda persona.
Porque nos tiene que quedar muy claro, la pobreza energética no es solo “cosa de pobres”; somos muchos los que tenemos dificultades o nos supone un sobreesfuerzo el pago de las facturas de luz y/o gas para poder cubrir las necesidades básicas de energía que nos permiten unas condiciones de vida digna y saludable. Es decir, vivir en condiciones que nos permitan una mayor esperanza de vida y mejores condiciones de salud no deberían depender de nuestro nivel de renta.
Los factores que generan esta precariedad energética son fundamentalmente tres:
1º.- Las bajas rentas o salarios precarios, que están polarizando cada vez más la sociedad, haciendo desaparecer la clase media. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cuarta parte de la población en España está en situación de vulnerabilidad (casi el 28% según el llamado indicador Arope).
2º.- El alto precio de la energía, sobre el que no se está actuando. Necesitamos una reforma en profundidad del sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, ya que está comprobado que el mercado marginalista no es un sistema óptimo para el mix energético actual, cada vez más diversificado por la mayor penetración de las energías renovables. Los esfuerzos en este sentido llevados a cabo por el gobierno tanto por frenar el déficit de tarifa como para modificar el sistema de determinación del coste de energía de la factura de electricidad, implantando los precios horarios para el PVPC, no han conseguido bajar el precio al que los consumidores domésticos pagamos nuestros recibos de la luz, sino que vemos cómo siguen incrementándose.
3º.- La mala calidad en la edificación, que convierten a nuestras viviendas en verdaderos sumideros por donde se escapa nuestra energía y con ella nuestro dinero. Es importante resaltar que entre las propuestas más relevantes del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética» nos encontramos la de mejora de las viviendas de los hogares más vulnerables como una prioridad dentro de los planes de eficiencia energética de la Unión Europea.
¿Qué soluciones aporta nuestro gobierno al panorama descrito?
Como única herramienta tenemos una reforma del bono social eléctrico que, como novedad, aplica nuevos criterios para ser beneficiario, en función de la renta anual con relación al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), junto a otras circunstancias de la unidad familiar, así como la inclusión de límites de energía sobre los que se aplicará el descuento en el que consiste este “nuevo bono social”.
Un nuevo bono social que introduce consideraciones como que “s_egún Eurostat, los principales indicadores para medir la pobreza energética son el porcentaje de población que tiene atrasos en el pago de sus suministros energéticos y que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En España, estos porcentajes son aproximadamente del 9 por ciento y 10 por ciento, respectivamente. Eso significa que aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética_.”
De modo que, si según datos de la CNMC, en 2016 había algo menos de 2,5 millones de consumidores beneficiarios del bono social, significa que actualmente habría otros 2 millones de personas que podrían estar en riesgo de pobreza energética y que no están siendo beneficiarios de ningún tipo de ayuda ni consideración.
Aun así, otra de las consideraciones contempladas en el Real Decreto 897/2017 dice literalmente: “Por tanto, el volumen de hogares estimado que se deriva de la metodología de asignación del bono social aprobada por este real decreto se considera que es más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España. Y es que, en rigor, no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan, y el sistema propuesto en este real decreto así lo hace”.
Sin embargo, a poco más de un mes para que finalice el plazo de tramitación de la renovación del bono social para todos aquellos que a día de hoy son beneficiarios, (cerca de 2.500.000 de personas), fuentes de Endesa nos indican que solo lo han renovado el 6% hasta el momento, lo que traducido en cifras significa 60.000 solicitudes tramitadas. ¿Qué pasará con el 94% restante, los otros 2.440.000 usuarios que hasta ahora tenían ese derecho? ¿perderán a partir del 10 de abril el descuento por bono social sin más?.
Y es que la compleja tramitación de solicitud y documentación acreditativa de los nuevos criterios está paralizando el proceso a muchos hogares que podrían solicitarlo pero que o bien no tienen capacidad para ello por su complejidad o porque los criterios de renta son tan mínimamente bajos, basados en el IPREM y no en el salario mínimo interprofesional (SMI), que afortunadamente no hay muchas familias en situaciones económicas tan precarias.
Según los nuevos criterios de renta, para poder disfrutar de un 25% de descuento en tu factura de la luz como beneficiario del bono social, tus condiciones han de ser “mileuristas”, que son ya la nueva clase social media. En el caso de ser merecedores de un 40% de descuento significa que esas rentas se ven menguadas en un 50% a lo referido. ¿De verdad que a alguien con estas rentas se le soluciona así el problema? ¿Simplemente con un descuento al que ni siquiera aplica el IVA ni el impuesto a la electricidad? Esto es lo que demuestra que no se está tomando en serio esta problemática.
El siguiente cuadro nos lo muestra de manera gráfica:
Es muy destacable el dato facilitado por Endesa que nos dice que aún no hay ningún beneficiario identificado como consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social, ¿ninguno? ¿de verdad? ¿qué está ocurriendo entonces en servicios sociales?
En cuanto al escaso número de solicitudes tramitadas, pudiera tratarse de un “atasco administrativo”, debido a que no se han dejado muy claros los procedimientos para la validación de la documentación justificativa de las rentas. Para la acreditación de los niveles de renta las comercializadoras eléctricas están enviando al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital las solicitudes para que sea éste quien, cruzando datos con Hacienda, valore si se cumplen los requisitos de renta para ser beneficiario o no; pero es aquí donde se están quedando, atascadas.
Ciertamente que hay otras vías para obtener el informe económico que nos permita acreditarnos como idóneos a las condiciones del nuevo bono social, como son acudir a servicios sociales para que te hagan un informe o a Hacienda, bien en la oficina de la Agencia Tributaria más cercana a nuestro domicilio o bien vía on-line, solicitando un certificado resumen de la declaración o certificado de imputaciones en el caso de no haber tenido que presentar declaración. ¿Se sabe y se informa correctamente? ¿Es fácil tramitarlo para los usuarios a los que va destinado el bono social?
Como conclusión, podemos decir que el mismo gobierno reconoce que puede haber aproximadamente 4,5 millones de personas en posible riesgo de pobreza energética; que teníamos hasta ahora 2,5 millones de beneficiarios del bono social (descuento del 25% en la factura de la luz) y a partir del 10 de abril el colectivo de beneficiarios del nuevo bono social se verán, si nada ni nadie lo remedia, según las líneas dibujadas, considerablemente reducido en número. ¿Hacemos algo? La Px1NME desde luego que sí, como movimiento ciudadano estaremos siempre del lado de las personas, de la ciudadanía, denunciando los hechos que nos afectan.
Soledad Montero es miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y de la sección de Energía de Ecologistas en Acción.
Soledad Montero
08/03/2018