El PP propone reducir en 2.900 millones las facturas de luz y gas a las familias y pymes que ahorren

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha presentado este lunes la propuesta energética de la formación en el marco de la crisis actual y ha señalado que una de las medidas que plantean es la de bonificar la factura de la luz y del gas a las familias y pymes que reduzcan su consumo, medida con la que estos colectivos podrían ahorrar hasta 2.900 millones de euros.

En cuanto a la factura de la luz, plantea que si el ahorro en el consumo se sitúa entre el 3% y el 7% en relación con la factura del mismo mes del año anterior, el descuento sería del 5%. Si la reducción del consumo es de entre el 7% y el 15%, el descuento sería del 10% y si fuese superior la bonificación sería del 20%.

Las propuestas del PP en ahorro energético

Asimismo, el descuento en la factura del gas sería del 10% si el ahorro se sitúa entre el 3% y el 7%; del 20% si el consumo se reduce entre el entre el 7% y el 15% y para aquellos consumidores que lograsen reducir su consumo más de un 15% la bonificación sería del 40%.

El marco temporal para la aplicación de esta medida sería entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Además, las bonificaciones serían pagadas por las comercializadoras en los ciclos de facturación entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023 y serían asumidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En ese sentido, Bravo ha subrayado que la propuesta del PP para lograr reducir el consumo energético pasa por "incentivarlo", en lugar de "prohibir", en alusión a las medidas de eficiencia planteadas por el PSOE, como el apagado de escaparates a partir de las 22.00 de la noche o las temperaturas máximas y mínimas de los termostatos.

En cuanto al motivo por el que los descuentos son superiores en la factura del gas, el vicesecretario de Economía del PP ha explicado que se debe a que el principal problema en estos momentos tiene que ver con el precio del gas.

Por otro lado, desde el PP calculan que el ahorro que supondría a las familias y pymes, si se lograse un ahorro medio de entre el 7% y el 15%, se situaría en torno a 2.900 millones de euros.

La vida útil de las nucleares

La propuesta del PP, que ya ha sido remitida al Gobierno, también plantea alargar la vida útil de las nucleares españolas, cuyo cierre está previsto, según el calendario actual, entre 2027 y 2035.

En ese sentido, los populares no detallan el marco temporal de esa prórroga e indican que es necesaria una "revisión de la viabilidad de las centrales para extender su vida útil más allá de ese calendario de cierre" en las condiciones necesarias de seguridad y factibilidad técnica de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), "puesto que se trata de una energía de base, no emisora y con costes acotados".

También en relación con la política nuclear, el principal partido de la oposición propone un "precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz", así como "desbloquear de forma inmediata" la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca), un proyecto que, según remarca el PP, "tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del CSN y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización".

Impuestos a los beneficios caídos del cielo

El paquete de propuestas del PP también hace referencia al impuesto a los supuestos beneficios extraordinarios que las empresas energéticas estarían obteniendo en el contexto actual y que, junto al nuevo gravamen a la banca, será sometido a su primera votación en el Congreso este martes.

"La proposición de ley presentada por los partidos políticos de la coalición que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez crea un nuevo impuesto que dice que gravará los beneficios extraordinarios a las eléctricas. Sin embargo, lo que realmente gravaría es la cifra de negocios, no los beneficios extraordinarios, y no de todas las eléctricas, sino de algunas", argumenta el PP en el documento.

Así, proponen que los ingresos extraordinarios que obtenga Hacienda --las estimaciones del Gobierno apuntan a unos 3.500 millones anuales durante los dos próximos ejercicios-- se "compartan con los consumidores para bajar los precios".

Además, resaltan que la Unión Europea (UE) "ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto (de la UE) podría conllevar su posterior abolición".

"Para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto, proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva", apunta el documento.

En ese sentido, durante la presentación de la propuesta energética, el PP ha hecho hincapié en que su posición es decir que "sí" a las medidas excepcionales que reduzcan la factura energética de empresas y hogares, pero han matizado que se oponen a "captar recursos de las empresas para guardarlos en el cajón".

Una AiREF energética

Otro de los elementos destacados en la propuesta del PP es la creación de una especie de AiREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) energética que permita "sacar la energía del debate sin datos" y también que favorezca que el diálogo se centre en "mejorar la eficiencia del sistema, recuperar la economía y fortalecer el empleo".

El PP argumenta que este planteamiento podría desarrollarse como una sección dentro de la propia AiREF, "si sus estatutos lo permiten, o vía ley".

"Sea cual sea la fórmula, la 'AiREF Energética' debe ocuparse de la evaluación independiente de las medidas adoptadas, así como de elaborar propuestas para su mejora (con el modelo de las revisiones de gastos). En ningún caso se prevé que sustituya las competencias propias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de Red Eléctrica Española (REE) o de órganos equivalentes", aseveran.

El MidCat

El PP también incluye en su plan propuestas de infraestructuras energéticas, entre las que está el gasoducto MidCat, un proyecto que recuerdan que llegó a tener financiación comunitaria para su estudio.

Para su realización, a la que en su día se opusieron los reguladores español y francés por razones económicas tal y como estaba planteado en ese momento, el PP considera que se deben buscar alianzas en Europa y especialmente con Francia, que es el otro país implicado.

Además, el PP, al igual que el Gobierno, contempla que esta infraestructura pueda ser utilizada en el futuro para transportar hidrógeno verde.

En su plan, el PP contempla también el impulso a las renovables, reduciendo cuellos de botella, como los que hay para obtener los permisos de acceso a la red o en los tramites administrativos para poner instalaciones.

Otra de las propuestas del PP, que tendría que hacerse de acuerdo con la CE, es limitar el precio de los derechos de emisiones de CO2 que pagan ciertas industrias, instalaciones y sectores, y que han pasado de costar 20 euros la tonelada de CO2 a llegar a 90, o bien suspender su aplicación temporalmente.

No obstante, fuentes del PP señalan que la rebaja de su precio puede ser suficiente, aunque tampoco verían mal su suspensión de manera temporal ante las paradas que están teniendo algunas fábricas.

La intención es que se vuelva a precios cercanos a los que tuvieron los derechos de emisión de CO2, con los que este año recuerdan que el Gobierno recaudará algo más de 3.000 millones de euros.

El PP, que ha registrado iniciativas para ver las posibilidades que tiene España para extracción de minerales, sí que no lo ha hecho en el caso del ‘fracking‘ o extracción de gas mediante fractura hidráulica, una técnica que está recuperando estos días el Reino Unido.