Presentan una querella criminal contra cinco exministros de PSOE y PP y Florentino Pérez por el 'caso Castor'

El  Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG),  Xnet  y  el IDHC, con la colaboración de otras plataformas ciudadanas, han presentado ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra cinco exministros del PP y PSOE y otros responsables por el caso Castor.

Concretamente, la querella está interpuesta contra las siguientes personas:

• El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo JOAN CLOS MATHEU – PSOE (8 de septiembre 2006 – 13 de abril 2008)
• El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN **– PSOE ** (14 de abril 2008 – 22 de diciembre 2011)
• El ex Ministro de Industria, Energía y Turismo JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ – PP (22 de diciembre 2011 – 15 de abril 2016)
• El presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS SL, **FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ **
• La ex Ministra de Fomento MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA **– PSOE **(18 de abril 2004 – 7 de abril 2009) y ex Vicepresidenta del banco Europeo de Inversiones
• La ex Ministra de Medio Ambiente y Agricultura ELENA ESPINOSA MANGAN – PSOE  (14 de abril 2008 – 20 de octubre 2010)
• El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ
• El ex Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo IGNASI NIETO MAGALDI(15 de septiembre 2006 – 17 de abril 2008)
• El ex Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana JUAN GABRIEL COTINO FERRER (31 de agosto 2009 – 22 de junio 2011).

A todos ellos se les interpone la querella por sus responsabilidades en el proyecto Castor, con posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Los promotores de la querella se niegan a que los ciudadanos españoles paguen de su bolsillo, ya sea a través de la factura del gas o de los Presupuestos Generales.

"La ciudadanía se encuentra frente a la posibilidad de tener que asumir el pago de la cantidad de 1.350 millones de euros que, con intereses, asciende a 2.419 millones o bien en la factura del gas, como ha pasado hasta ahora, o bien por los presupuestos del estado. Nos oponemos frontalmente a esta situación", dicen los promotores en un comunicado.

Las organizaciones y plataformas ciudadanas aseguran haber detectado las siguientes anomalías en el proceso de adjudicación del proyecto y en su posterior indemnización.

"La constructora es también concesionaria y no tiene apenas competidores. El contrato incluye una cláusula que admite dolo o negligencia. Modificación de los lindes del mar ad hoc.  Varias anomalías en los informes de impacto ambiental y sísmico. Ampliación del plazo de renuncia de la concesión para evitar que esta caducara. No se ha planteado ninguna distribución de los daños ni moratoria", afirman.