1 comentario publicado Un año después de que la península ibérica se sumiera en la oscuridad, el debate en torno al "cero energético" pase de la gestión operativa a las estrategias judiciales. El apagón que paralizó hogares e industrias ocasionará una ola de litigios que está ya poniendo a prueba la capacidad de los bufetes. No se trata de un proceso único, sino de acusaciones en diversas direcciones donde los intereses se cruzan. Las demandas dibujan un panorama de hostilidad legal estructurado en varios frentes críticos que podrían tomar años en resolverse.
El juzgado mercantil nº 15 investigará la demanda de Iberdrola contra REE y Redeia por presunta competencia desleal y denigración tras el apagón de 2025. La eléctrica acusa a ambas entidades de atribuirle públicamente la responsabilidad del incidente señalando a su planta Núñez de Balboa como detonante. El tribunal rechazó desviar el caso a la CNMC o la vía contencioso-administrativa.
La vía penal y la negligencia
El movimiento más agresivo ha surgido en la jurisdicción penal. Diversos colectivos de afectados y algunas aseguradoras, tras analizar los informes preliminares del Comité creado por el Gobierno para el análisis del suceso, han decidido elevar la causa a los tribunales de instrucción. El objetivo es determinar si existió una imprudencia grave o negligencia temeraria por parte de los directivos y técnicos de Red Eléctrica en el mantenimiento de las infraestructuras críticas.
Aunque la empresa semipública defiende con firmeza que el apagón fue producto de una "fuerza mayor", los demandantes buscan demostrar que el fallo estructural era evitable. La vía penal no solo busca responsables individuales, sino que se utiliza como una herramienta de presión para agilizar la obtención de pruebas que, de otro modo, quedarían ocultas tras la complejidad técnica del sistema eléctrico.
La guerra de las aseguradoras y el frente civil
Quizás el ámbito más voluminoso en términos monetarios, es el civil y comercial. Aquí entran en juego las aseguradoras, que tras haber indemnizado a miles de clientes particulares y pequeñas empresas, activan ahora la figura de la "subrogación". Esto significa que las compañías de seguros demandan a Red Eléctrica y a las grandes distribuidoras para recuperar el dinero abonado, alegando que el daño no fue un accidente fortuito. Aquí el gran concepto es el "lucro cesante". Las empresas reclaman no solo por los daños materiales en maquinaria o equipos, sino por la producción perdida durante las horas de oscuridad. Sin embargo, se ha rechazado la demanda colectiva; cada empresa deberá litigar de forma independiente, presentando su propia querella y una peritación de daños personalizada para su caso, lo que multiplica los procesos abiertos.
El pulso por la sede judicial
Un aspecto curioso pero crucial en este conflicto es la geografía legal. Red Eléctrica tiene su sede en Alcobendas, y los abogados de los demandantes están haciendo equilibrios jurídicos para evitar que las causas civiles terminen en los juzgados de esta localidad. El temor es, por un lado, la gran saturación de estos juzgados de instancia, que podría demorar los casos años adicionales; por otro, la percepción de que un gigante local como Red Eléctrica podría contar con un escenario más "predecible" en su propio feudo. Por ello, muchos bufetes están buscando resquicios para elevar las causas a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, vinculándolas a la responsabilidad patrimonial del Estado o a fallos en el sistema nacional de transporte de energía.
El frente administrativo: CNMC y el Ministerio
En lo contencioso-administrativo, la lucha se centra en los expedientes sancionadores que la CNMC tiene potestad para imponer: ya ha abierto 56 expedientes y se esperan más, tres de ellos por infracción muy grave contra Red Eléctrica y las centrales nucleares de Almaraz y Cofrentes. Tanto Red Eléctrica como las grandes distribuidoras han anunciado que recurrirán cualquier sanción administrativa que las señale como responsables, llevando el caso ante la Audiencia Nacional. Es una batalla técnica donde se discute si los protocolos de actuación ante contingencias funcionaron correctamente o si hubo un fallo en la gestión de la red.
La industria pesada
En este territorio las protagonistas son las refinerías petroleras. Para estas instalaciones, un apagón no es solo una interrupción sino un evento catastrófico que puede cifrar sus pérdidas en cientos de millones de euros debido a la parada forzosa de procesos químicos complejos.
Estas grandes corporaciones tienen el músculo financiero para aguantar pleitos que se prevén "largos, técnicos y complejos". A diferencia de las pequeñas empresas, que probablemente opten por reclamaciones modestas o compensaciones por calidad del suministro, las refinerías y la gran industria del acero se preparan para un enjuiciamiento a fondo de los operadores esenciales del sistema. Dado que el plazo para reclamar puede extenderse hasta los cinco años, muchas están esperando a que se aclare el panorama penal antes de lanzar su ofensiva civil final.
El apagón ha dejado de ser un recuerdo de luz cortada para convertirse en un fenómeno jurídico sistémico. Con el Supremo, la Audiencia y los tribunales de instancia como escenarios de combate por definir, España se enfrenta a un proceso legal cuya resolución definitiva difícilmente se atisbará antes de 2030. La batalla por quién paga la factura del silencio eléctrico solo acaba de empezar.
Miguel A. A.
28/04/2026