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Primer gran rifirrafe entre las grandes eléctricas y el Gobierno por la eliminación de los pagos por disponibilidad

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El Gobierno ha congelado los peajes de acceso de energía eléctrica para 2019, de forma que la parte regulada de la factura, la única que depende del Ejecutivo, vuelve a mantenerse constante, según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta es la última ocasión en que corresponderá al Gobierno fijar los peajes, ya que desde enero está previsto que esas competencias vuelvan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha criticado la decisión de mantener congelada la parte regulada del recibo eléctrico por quinto año consecutivo, por considerar que lleva al sistema eléctrico "a un desajuste temporal".

En un comunicado, Aelec también ha calificado de "incomprensible" la supresión de la regulación del servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad.

Para la patronal eléctrica, se trata de un servicio necesario que está destinado a mantener disponibles las instalaciones requeridas para asegurar la cobertura de las puntas de demanda eléctrica y de los periodos de baja producción renovable, de modo que el suministro quede garantizado en todo momento.

Para Aelec, "no cabe" anular el servicio de disponibilidad actual hasta que no se definan y desarrollen unos mecanismos de capacidad acordes con la regulación europea y en línea con todos los países de nuestro entorno, para mantener la seguridad en el suministro de energía eléctrica.

La patronal también ha criticado que el texto aprobado establece que la retribución de la distribución se liquidará a cuenta hasta que no sea aprobada la orden correspondiente para 2019, por lo que los ingresos de la actividad de distribución de energía eléctrica "siguen siendo provisionales".

Por ello, ha reclamado que se aprueben cuanto antes las órdenes ministeriales correspondientes con las retribuciones pendientes, así como los planes de inversión presentados por las empresas, en aras de la necesaria seguridad jurídica de una actividad regulada como es el caso de la distribución eléctrica.

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