Política energética

PSOE y UP registrarán este jueves la proposición de ley con los nuevos impuestos a banca y energéticas

Así lo ha avanzado la titular de Hacienda tras la reunión este miércoles con comunidades autónomas

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La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición --PSOE y Unidas Podemos-- registrarán este jueves en el Congreso**** de los Diputados la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos temporales y extraordinarios dirigidos a entidades financieras y empresas energéticas.

Así lo ha avanzado la titular de Hacienda tras la reunión este miércoles con comunidades autónomas con motivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El impuesto a las energéticas

El nuevo impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

Galán (Iberdrola): "Las energéticas que están aumentando sus beneficios son las gasistas y petroleras, no las eléctricas"
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido que las eléctricas "no tienen beneficios extraordinarios", tal y como acusa al sector el Gobierno.

De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Redeia espera que no se le aplique el impuesto a energéticas
El consejero delegado de Redeia, antes Red Eléctrica, Roberto García Merino, ha dicho que confían en que no se les aplique el impuesto extraordinario a las grandes energéticas.

El Ejecutivo ya ha adelantado que la norma que los regulará incluirá la prohibición explícita de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos. Para ello, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad.

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