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R. Delgado: "Ni autorizaba parques eólicos ni he participado en trama alguna"

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Rafael Delgado, El Norte de Castilla

El exsecretario de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y uno de los investigados por su supuesta vinculación con irregularidades en la autorización de parques eólicos, Rafael Delgado, ha negado que fuera él quien los autorizara, así como haber participado en trama alguna.

En una entrevista que publica hoy el diario El Norte de Castilla, en la que también se refiere a su intervención en la compra del edificio administrativo de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Delgado ha afirmado: "ni autorizaba los parques eólicos en esta región ni he participado en trama alguna".

Sobre su papel en los hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones para agilizar la tramitación de parques eólicos, Delgado ha comenzado por decir que al no contar con dicho informe por ser confidencial se siente en "absoluta indefensión", aunque niega un enriquecimiento y el cobro de comisiones y llega a afirmar que lo publicado en los medios de comunicación es "cosa de los políticos, que lo lían todo".

"No tengo nada que ver con las operaciones societarias y sus contrapartidas económicas que hayan podido realizar empresas eólicas", ha resumido al ser preguntado por si se enriqueció con la autorización de los parques eólicos.

Ha añadido que su papel se limitaba "a la firma de una de esas autorizaciones, cumpliendo una instrucción de la Dirección General de Energía, que además era un acto debido si el promotor había obtenido el resto de autorizaciones necesarias para llegar hasta ese estado de la tramitación".

Delgado ha recelado de los informes, como el del inspector de Hacienda, que forman parte del procedimiento y ha anunciado acciones legales contra sus autores porque "no son correctos", por lo que "si no son completados o corregidos" acudirá a los tribunales.

Sobre su situación respecto a los que fueron sus compañeros en la Consejería de Economía y Empleo, Delgado ha afirmado que su relación con el consejero, Tomás Villanueva, es "inexistente" porque "nunca" se han dirigido a él en todo el proceso y ha añadido sobre las responsabilidades que le atribuye la Junta en algunas operaciones que está "en el punto de mira porque lo más fácil es echar la culpa al que no está".

Aunque cree que las explicaciones dadas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el pasado martes sobre su papel en la decisión de comprar el edificio de Arroyo son "correctas y adecuadas", Delgado ha añadido que no puede estar de acuerdo con la "decisión" del Ejecutivo de apuntarle "con el dedo como responsable de posibles perjuicios a la Administración".

Sobre esta operación de compra del edificio el exsecretario general de Economía y Empleo ha defendido la legalidad y ha señalado al consejero como responsable final de la decisión de la adquisición por el precio final en lugar del alquiler con opción a compra planteado inicialmente y el precio más elevado de la primera propuesta.

"Difícilmente pude causar daño a la administración si nada tuve que ver con esos encargos", ha resumido Delgado sobre su papel en la toma de decisiones sobre el edificio denominado mediáticamente como 'la Perla Negra', para el que ha defendido como mejor opción la compra del edificio con financiación privada, aunque dice desconocer la cifra final de compra al no haber sido informado a través de la ADE mientras él estuvo en esa empresa pública.

En el plano personal, Delgado ha confesado que ha vivido estos tres años de diligencias en los juzgados "con preocupación, incredulidad y un enorme desgaste familiar y profesional".

"Lo peor son las falsas imputaciones de mi antigua empresa, la Junta", ha resumido en alusión al anuncio realizado por la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para personarse en una parte de la causa abierta para investigar las supuestas irregularidades en la compra del inmueble, la que tiene que ver con la contratación sin concurso de equipamientos por importe de 4,4 millones a la empresa Unifica, la misma que es investigada por figurar en los 'papeles de Bárcenas' como receptora de dinero negro por la realización de obras en la sede nacional del PP.

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