La prohibición de desconectar el suministro a clientes en riesgo se aplica en el 60% de los Estados de la Unión Europea; en España, no. Y no parece que vayan cambiar las cosas. Ayer, el Partido Popular rechazó en la Comisión de Industria del Congreso prohibir a las empresas eléctricas cortar el suministro eléctrico por impago a familias vulnerables, como habían planteado varias formaciones políticas en el Congreso a través de enmiendas parciales al proyecto de Ley del Sector Eléctrico. Los populares han votado en contra de las cinco propuestas que, con este objetivo, habían registrado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC, que instaban al Ejecutivo a hacer frente a la pobreza energética que amenaza a miles de españoles en paro o que atraviesan dificultades económicas.
El portavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Antonio Erías, ha explicado que no se puede plantear que la pobreza energética es "el mal que invade" el país, olvidando con ello la razón de esta situación, que no es otra que "el comportamiento de los precios" de la energía, que en los últimos siete años se han incrementado un 67% y que han llevado a un importante déficit de tarifa. Lo que no explica es por qué los precios han crecido tanto ya que dejaría en evidencia las políticas energéticas de socialistas y populares.
La actitud del PP, cerrándose en banda y poniéndose de perfil ante un auténtico drama nacional, no es de recibo, cuando se despilfarra el dinero a manos llenas en subsidios a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales o en mantener una estructura administrativa del Estado y de las Comunidades Autónomas mastodóntica que se ha convertido en un sumidero de despilfarro y de clientelismo político.
Aumenta la pobreza energética
El número de españoles que están en riesgo de pobreza energética ha aumentado en dos millones en solo dos años, lo que representa un incremento del 34%. Esta era la conclusión más destacada que ofrecía la segunda edición del estudio de referencia en España, editado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Estos datos se traducen en familias que pasan frío en invierno y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago y, lo más grave, muertes prematuras en invierno. Hasta 7.200 fallecimientos podrían evitarse si se erradicara el problema, según el sistema de medición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Precisamente, una de las enmiendas rechazadas –la de Izquierda Plural- hacía referencia a este problema y exigía aplicar el IVA reducido al gas y la electricidad a nivel doméstico, "atendiendo a su carácter de bien básico". "Hay una gran insensibilidad social ante esta dificultad de acceso a la energía, que, según el Observatorio Español de la Sostenibilidad, provoca entre 3.000 y 9.000 muertes prematuras al año en invierno", recordaba la portavoz del grupo en materia energética, Laia Ortiz.
Por su parte, CiU proponía adoptar medidas para "garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables, especialmente para evitar la pobreza energética", así como "regular la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en periodos críticos", dando así cumplimiento a la directiva europea sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Además, reclamaban introducir en la Ley del Sector Eléctrico una puntualización para impedir que se pueda interrumpir el suministro a los servicios declarados esenciales o a los consumidores vulnerables en periodos críticos. El diputado Josep Sánchez Llibre ha apelado a los populares para que aceptaran su propuesta asegurando que tendría "un coste razonable" y que "valdría la pena tener esa sensibilidad social" ante las familias en situaciones "más difíciles".
Antecedentes
La actitud del partido que lidera Mariano Rajoy no es nueva. Hace escasas fechas, el Tribunal Constitucional aceptaba a trámite un recurso del Ejecutivo contra la normativa de la Generalitat de Cataluña y dejaba en suspenso el decreto autonómico sobre pobreza energética que impedía que las compañías de suministros cortaran la luz o el gas a las familias en situación acreditada de vulnerabilidad económica, lo que se ha denominado como 'pobreza energética'. Con la admisión a trámite, y al tratarse de un recurso del Gobierno contra una resolución autonómica, el decreto quedaba automáticamente suspendido.
El rechazo popular a la prohibición de dejar sin luz por impago a familias vulnerables, se producía al tiempo que Bruselas daba a conocer un informe que coloca a España como el quinto país de la UE con más población en riesgo de pobreza tras recibir ayudas sociales, situación en la que se encuentra el 20,4% de la población. Sólo registran peores resultados Grecia (23,1%), Rumanía (22,4%), Bulgaria (21%) y Lituania (20,4%), según los datos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat, con cifras correspondientes a 2013.
El estudio sitúa además a España entre los Estados miembros con mayor porcentaje de hogares con baja intensidad de empleo, es decir, donde todos los adultos trabajaron menos del 20% de su potencial durante el último año. El 15,7% de los hogares españoles se encuentran en esta situación, un porcentaje que sólo se supera en Grecia (18,2%) y Croacia (15,9%). En total, el porcentaje de población en España en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 27,3% (equivalente a 12,6 millones de habitantes), por encima de la media del 24,5% en el conjunto de la UE y con una subida de casi tres puntos desde 2008, antes de la crisis. Una situación lamentable, como también lo es la actitud del Partido Popular que ante la tragedia de muchos millones españoles recurre, por toda respuesta, al déficit de tarifa y al alto coste de la energía, convirtiendo a su líder, Mariano Rajoy, en el azote de los pobres energéticos del país. Lo dicho, lamentable.
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