Ningún comentario Las decisiones en materia de energía han sido una de las bases de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, en su intento, primero, de mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus sobre el tejido productivo, y después, de minimizar el impacto de la inflación y de la guerra en Ucrania en los mercados energéticos.
Así durante el primer "shock", por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) impulsó una nueva categoría de consumidor vulnerable con derecho a percibir el bono social eléctrico.
No obstante, la escalada de precios, agravada por la invasión rusa en Ucrania, marcó un punto de inflexión en este ámbito, según refleja el Informe Anual de Seguridad Nacional 2022, que destaca la "mayor rebaja de impuestos sobre la energía de la historia".
Las rebajas fiscales sobre la energía incluían medidas temporales como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la rebaja del Impuesto de Valor Añadido (IVA) de la electricidad, inicialmente del 21% al 10% y, ampliada desde julio de 2022, hasta el 5%.
También rebajó, aunque no desde el inicio de la crisis, el IVA al gas, que se equiparó al de la electricidad y bajó hasta el 5%, y puso un tope al precio de la bombona de butano, de 19,95 euros.
Medidas ante la crisis energética
Las rebajas fiscales y la prohibición de cortar los suministros básicos fueron prorrogadas por el Gobierno y extendidas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Otra medida fue la rebaja de 20 céntimos por litro en los carburantes, en vigor con carácter general entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, y que luego se ha conservado sólo para determinados colectivos profesionales, como el del transporte de mercancías por carretera.
En este caso, el descuento de 20 céntimos en 2023 se aprobó para el periodo ente el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, para luego pasar a 10 céntimos hasta el 30 de junio.
No obstante, la iniciativa más llamativa en materia de energía fue la adopción junto con Portugal del mecanismo ibérico para limitar el precio del gas destinado a la generación eléctrica en un momento en el que esta materia prima, usada para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado, rondaba sus máximos históricos.
Esta excepción, autorizada por Bruselas dada la naturaleza de "isla energética" de la península Ibérica, ha procurado, de momento, más de 5.000 millones de euros de ahorro, según datos del Ejecutivo, y ha sido prorrogada hasta final de año, si bien actualmente no está en uso por la caída de los precios del gas, por debajo del tope.
En mitad de esta coyuntura de crisis, el Gobierno también ha lanzado una batería de medidas, no exenta de polémica, de ahorro y eficiencia energética en espacios públicos, que despertó críticas y los recursos ante el Tribunal Constitucional del PP madrileño y de Vox.
El impuesto a las energéticas
Igualmente polémico ha sido el gravamen temporal y extraordinario a las grandes energéticas, que durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- gravará las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
Entre los asuntos pendientes, está ver cómo se termina de gestar el futuro corredor de hidrógeno H2MED presentado a la UE para recibir financiación comunitaria.
Por lo que se refiere a la industria, la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de las Cortes deja en el camino la aprobación de la Ley de Industria, destinada a sustituir la anterior de 1992.
Aunque no requiere trámite parlamentario, el Gobierno lanza esta nueva convocatoria electoral teniendo pendiente la reforma de la tarifa regulada de electricidad o PVPC, a la que el Gobierno se comprometió con Bruselas cuando se aprobó el "mecanismo ibérico" por el que se pone un tope al precio del gas para generación eléctrica en el mercado mayorista.
Asimismo, el Ejecutivo tenía la intención de lanzar en estos meses la segunda convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), después de que en la primera sólo se adjudicaran cerca de 800 millones de euros de los 2.975 millones con que está dotado en total.
Volviendo a iniciativas legislativas, el Gobierno decidió aparcar la tramitación de la ley para la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, al que tendrían que aportar, además de eléctricas, petroleras y gasistas.
Un fondo destinado a captar recursos que el Ejecutivo iba a dirigir a rebajar los cargos para los consumidores en la factura de la luz, que sufragan costes derivados de políticas energéticas, entre ellas las primas a las renovables de primera generación.
La tramitación de la ley del Fondo de Sostenibilidad se paró cuando ya estaba en fase de dictamen en comisión y el motivo, según algunas fuentes, era el riesgo de incurrir en una doble tributación, al aprobarse un gravamen extraordinario a las energéticas por los beneficios que le habían reportado la subida de los precios durante la crisis.
Por otro lado, el Gobierno también quería en este primer semestre del año hacer una revisión de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
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