Refacturación de la luz a la vista: así afectará el suplemento territorial a millones de españoles

El Gobierno acaba de enviar su propuesta de Orden por la que se establecen los suplementos territoriales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, La Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. Cinco años después, millones de consumidores tendremos que pagar los impuestos.

En ese año se aprobó ley 24/2013 del Sector Eléctrico, en la que se contemplaba que en caso de que las actividades eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter autonómico, al peaje de acceso se le sumaría un suplemento territorial a abonar por los consumidores de la comunidad autónoma que los creara.

Hasta ahora, han sido las eléctricas las que han soportado dichos impuestos que pueden ir desde cánones eólicos a impuestos por emisiones o por residuos. Por lo que ahora toca refacturar a los consumidores lo que las eléctricas hayan pagado de impuestos en cada comunidad autónoma solo del ejercicio 2013.

El cálculo del Gobierno ya está hecho, y salvo tres Comunidadades Autónomas que no tenían impuestos de estas características en el momento de ejecución (País Vasco, Canarias y Baleares), el resultado afectará al resto de consumidores de electricidad de España, es decir, a unos 25 millones de consumidores.

La refacturación calculada por el Gobierno lleva un poco a engaño, según la memoria económica de la orden. Están hechos esos cálculos un poco a grosso modo, pero dependerá del consumo que haya tenido durante ese año y la potencia contratada. El Ministerio calcula que "para una factura media anual de un consumidor doméstico en el entorno de 600 euros, considerando que la parte de peajes supone alrededor del 50 por ciento de la factura, los impactos anuales y mensuales serían los siguientes":

Los consumidores que tendrán que rascarse más el bolsillo son los de Galicia, Castilla y León y Cantabria. La mayoría de consumidores no lo notarán en sus facturas porque la cuantía al mes es mínima, pero es posible que las compañías eléctricas facturen todo de golpe a excepción de los clientes de las CCAA que más deben.

Como la factura de la luz suele ser más cara que los 600 euros calculados por el Gobierno, está más cerca de los 750-780 euros anuales, el cálculo será un poco mayor.  Por ejemplo, para Galicia en vez de 15 serían unos 20 euros al año.

Dentro de este cálculo están incluidos los intereses creados durante este tiempo, una cantidad que asciende a casi 2,5 millones.

De esta manera, el Gobierno cumplirá con la sentencia del Supremo. Pero justamente que se lance esta propuesta un 31 de julio deja bastante que desear. Los consumidores, a pagar, lo justo por lo que dicta la Ley, pero de nuevo por una chapuza del anterior gobierno que no supo aplicar su propia ley.