La Comisión Europea quiere que los Estados miembros apliquen una reducción drástica de la carga fiscal sobre la electricidad, con el objetivo de abaratar las facturas de hogares y empresas y acelerar la descarbonización de la economía.
La propuesta de Bruselas -que de momento es sólo un borrador- se enmarca en el Plan de Acción para una Energía Asequible, y propone que el recibo de la luz deje de utilizarse como un "cajón de sastre" para financiar políticas ajenas al suministro, exigiendo la eliminación de componentes no energéticos como el coste de las pensiones de sectores específicos o cánones de radiodifusión pública. Esta "limpieza" impositiva es una de las palancas que la Comisión considera fundamentales para incentivar el paso de los combustibles fósiles a la electricidad.
Impuesto Especial sobre la Electricidad e IVA
En el centro de esta estrategia se encuentra el empleo de todas las flexibilidades legales para llevar el Impuesto Especial sobre la Electricidad a su mínima expresión. Bruselas recomienda fijar este tributo en los 0 euros por MWh para los consumidores domésticos y en el suelo legal de 0,5 euros para las empresas. Para España, donde este impuesto ha retornado al 5,11% tras el fin de las medidas de excepción, esta directriz supondría una transformación total del modelo tributario.
El plan de la Comisión también pone el foco en el IVA, recordando a gobiernos como el español que disponen de plena discreción para reducir este impuesto hasta el 5%. Se estima que una aplicación coordinada de estos mínimos legales apenas restaría un 0,10% a los ingresos fiscales totales de la Unión, una cifra que Bruselas considera asumible frente al beneficio de incentivar una electrificación que hoy está estancada en el 23%.
Reforma más profunda
La propuesta técnica de la Comisión va más allá de los impuestos directos y plantea una reforma profunda de los cargos y peajes. Una de las medidas más ambiciosas es el traslado definitivo de las primas a las energías renovables y la cogeneración fuera del recibo de la luz para que sean financiadas directamente por los presupuestos generales o mediante nuevos gravámenes sobre el uso de combustibles fósiles. En el contexto español, esta medida liberaría a los consumidores de sufragar los costes del sistema RECORE, eliminando lo que Bruselas identifica como una barrera que penaliza la transición ecológica.
Asimismo, el documento introduce la necesidad de acabar con la doble imposición que sufren las tecnologías de almacenamiento de energía, proponiendo que la electricidad solo se grave una vez, en el momento del consumo final neto, para no castigar la flexibilidad que aportan las baterías al sistema.
El Ejecutivo comunitario justifica esta urgencia por la creciente brecha de precios con potencias como China o Estados Unidos, exacerbada por una carga impositiva que, según el informe Draghi, actúa como una cuña fiscal que lastra la autonomía estratégica de la Unión. Para asegurar que este alivio llegue realmente al bolsillo del ciudadano, la Comisión sugiere que los Estados establezcan obligaciones de transparencia para las comercializadoras, vigilando que las rebajas fiscales se trasladen íntegramente al precio final.
Con un horizonte temporal recomendado de al menos cinco años para estas medidas, Bruselas busca dotar de certidumbre a los inversores y enviar una señal de precio clara: la electricidad debe ser significativamente más barata que el gas para que la descarbonización sea una realidad económica y no solo una ambición política.
Carlos
09/02/2026