La Fundación Renovables estima que, de llevarse a cabo la regularización de la retribución a las renovables y la cogeneración en este inicio de 2022, supondría una reducción de unos 3.000 millones de euros de los costes regulados, "permitiendo una rebaja en la factura eléctrica, principalmente para los consumidores domésticos".
En un comunicado, el 'think tank' valora como "muy oportuna" la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de adelantar para el inicio de 2022 la regularización de la retribución de las centrales del Recore (renovables, cogeneración y residuos) prevista para 2023, una vez finalizado el semiperiodo 2020/2022 de regularización de la parte regulada, y "contribuir así a disminuir la factura eléctrica de los consumidores domésticos".
Los valores del marco retributivo de las plantas sujetas al Recore se establecen cada tres años. En 2019 se estableció como precio base del 'pool', a efectos de cómputo de la parte regulada de la retribución a las renovables y a la cogeneración, 54,42 euros/MWh para 2020, 52,12 euros/MWh para 2021 y 48,82 euros/MWh para 2022.
De esta manera, la fundación señala que en el último trimestre de 2021 para las plantas de generación instaladas antes de 2013 que reciben una retribución específica, garantizada durante su vida útil a una rentabilidad del 7,34%, la subida del precio del 'pool' por encima de los valores fijados ha supuesto una percepción económica superior que deberán devolver durante el periodo 2023/2025.
Así, considera que la necesidad de rebajar los costes de la tarifa "tiene una oportunidad si estas cantidades se recuperan cuando más se necesitan, es decir, ahora, cuando los precios del 'pool' son inasumibles por los consumidores domésticos más vulnerables y se replican en la factura por el diseño actual del PVPC".
RECORTAR UN 16,5% DE LA PARTE REGULADA DE LA TARIFA
En este sentido, la Fundación Renovables señala que esta rebaja supondría descontar alrededor de esos 3.000 millones de euros en los costes del sistema eléctrico, un 16,5% de la parte regulada de la tarifa eléctrica y un 8,8% si se considera todos los ingresos del sistema, "según las magnitudes de 2019 (año con datos dentro de una normalidad)".
Por ello, pide adoptar ya la medida, ya que "no se puede esperar a finales del año 2022 para regularizar la situación y aliviar el coste que los consumidores están soportando en la factura de la luz desde principios del segundo semestre de 2021".
La energía incluida en el Recore es aproximadamente el 35% de la generada, con un precio previamente establecido, según la reforma de 2013, y que "distorsiona la fijación de los precios al ser su retribución independiente al precio de cierre fijado en el mercado", añade.
Asimismo, advierte de que mantener la regularización del Recore para 2023 conllevaría dejar sin efecto el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), presentado en noviembre de 2020 y aprobado en junio de 2021 por el Consejo de Ministros, pero que sigue paralizado en su tramitación parlamentaria como anteproyecto de Ley, y subraya la necesidad de diseñar una reforma de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
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