Petróleo & Gas

Repsol pagará 450 millones con cargo a 2022 por el impuesto extraordinario

La energética ha confirmado que seguirá los "cauces legales adecuados" para que se anule

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Repsol estima que pagará unos 450 millones de euros por el impuesto temporal energético por sus operaciones en 2022, que abonará en febrero y septiembre de 2023, y seguirá los "cauces legales adecuados" para que se anule..

El gravamen temporal energético lo deberán satisfacer determinados operadores del sector energético durante dos años y será el 1,2 % del importe neto de la cifra de negocios derivada de la actividad desarrollada en España en los ejercicios 2022 y 2023, con ciertos ajustes.

Imaz (Repsol) dice que considerar extraordinario un beneficio derivado de un "gran esfuerzo inversor" es "injusto"
El consejero delegado de Repsol ha afirmado que considerar extraordinario un beneficio derivado de un "gran esfuerzo inversor" es "injusto e incomprensible".

De acuerdo con el criterio manifestado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el gravamen correspondiente a las operaciones realizadas en 2022 se debe registrar contablemente como gasto el día 1 de enero de 2023.

El impuesto para Repsol

Repsol ha aplicado este criterio contable de la CNMV, aunque opina que "no es consistente ni con las características sustanciales del gravamen ni con los principios de la información financiera".

No obstante, la compañía dice que el impacto sobre los resultados del ejercicio no sería significativo, al haberse tenido en cuenta el gravamen temporal energético a pagar por el negocio de refino en España en el test de deterioro de este negocio.

Imaz (Repsol) ganó 4,13 millones en 2022, un 3,5% más, y Brufau 2,81 millones, un 1,37% más
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, percibió una remuneración de 4,13 millones de euros en 2022 por el ejercicio de sus funciones, lo que supone un incremento del 3,5%.

La energética ha dicho que, de acuerdo con la opinión de sus asesores internos y externos, considera que el gravamen es incompatible con la Constitución Española y con el Derecho de la Unión Europea (UE), por lo que seguirá "los cauces legales adecuados para que se anule y, en su caso, se devuelvan los importes recaudados".

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