Repsol y CaixaBank, a través de sus representantes legales, declaran este lunes ante la Audiencia Nacional en calidad de investigadas por los encargos a Cenyt, empresa vinculada al excomisario José Villarejo, para investigar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero.
El interrogatorio comenzará a las 10:00 horas, tal como constaba en el auto dictado a principio de mes por el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que imputó a ambas compañías por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
Esta pieza separada del caso Tándem se refiere al conocido como "proyecto Wine", desarrollado entre 2011 y 2012, sobre el presunto espionaje encargado a Cenyt para investigar al expresidente de Sacyr por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) de cara a hacerse con el control de Repsol.
El magistrado cree que existen indicios de que tanto Repsol como CaixaBank, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, para investigar a Del Rivero y su entorno.
En su opinión, existen dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de Villarejo en un momento en el que éste aún era funcionario público.
El juez aprecia un grave fallo en la diligencia exigible para probar que Cenyt nunca estuvo habilitada para ejercer actividades de seguridad privada al tratarse de una comprobación que puede efectuarse a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.
De hecho, le resulta llamativo que no se realizara ninguna constatación cuando los jefes de seguridad de Repsol y CaixaBank que contrataron a Villarejo habían sido jefe de esa unidad de Seguridad Privada y jefe superior de la Policía en Galicia y Cataluña, respectivamente.
Y es que, aunque no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que el excomisario ejercía como policía en activo cuando contrataron sus servicios.
Tras conocer la imputación, Repsol anunció que demostrará que no hubo "ni incumplimiento ni infracción" en la contratación de Cenyt, y que no era posible conocer que Villarejo "tuviese condición de funcionario en activo", base del supuesto delito de cohecho.
Además, abrió la puerta a exigir responsabilidades "a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt", y a quienes utilizan la causa "en persecución de su beneficio particular".
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