La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido el impuesto a empresas energéticas como una medida "temporal, limitada y adecuada", después de que Iberdrola haya tachado este tributo de "arbitrario y discriminatorio".
En un evento organizado por Nueva Economía Forum, la vicepresidenta ha explicado que en un contexto de "incremento desproporcionado" de los precios de la electricidad, es necesario adoptar respuestas "equilibradas" en las que se impliquen aquellos que, como la empresa energética, estén registrando mayores beneficios.
Los recursos al impuesto a las energéticas
Sobre todo, cree Ribera necesario este "esfuerzo colectivo" teniendo en cuenta el impacto que este aumento de la factura eléctrica ha tenido en el conjunto de la economía. Por ello, la ministra considera necesario apostar por medidas ya no solo en el marco de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino también mediante tributos u otros instrumentos regulatorios.
Tras anotarse unos resultados de 4.339 millones de euros en 2022, Iberdrola informó de que tendrá que pagar unos 200 millones de euros por el nuevo impuesto**** aprobado el año pasado. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán hizo hincapié en que ya ha recurrido el gravamen ante los tribunales y subrayó que "espera ganar" la batalla legal.
El cierre nuclear
Ribera ha dicho que "hay quién se empeña en que tiremos a la papelera el acuerdo del año 2019", alcanzado entre las compañías propietarias de centrales nucleares, para su cierre programado hasta 2035.
En su opinión, eso "es un poco irresponsable, cuando hay un calendario con todas la garantías", en el que han trabajado las empresas propietarias de las centrales, con un calendario bastante extenso por el que la última de todas las centrales hoy en activo dejaría de operar en 2035, y el desmantelamiento completo de todas las plantas afectadas se extendería hasta 2050.
La ministra, que ha dicho que espera poder tener aprobado este año el nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que debía haberse aprobado en 2014, ha añadido que lo responsable es mantenerse en el calendario de cierre que se pactó y dar salidas económicas a los territorios donde se ubican las plantas.
Ribera ha destacado la inclusión de los territorios de las centrales de Garoña, en Burgos, y Zorita, en Guadalajara, cuyos cierres ya se aprobaron, en los convenios de transición justa, siendo el único país que incluyó a las zonas vinculadas al cierre de centrales nucleares y no sólo del carbón.
En cuanto a retomar la producción de carbón y de electricidad con ese mineral en España, como están reactivando otros países europeos a raíz de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, ha señalado que en el otoño de 2018 ya se llegó un acuerdo con sindicatos y empresas de minería para el cierre con unas condiciones para respaldar a las personas y a los territorios donde se ubican.
Ha señalado que la actividad era poco rentable, por no decir que bastante ruinosa, y ha añadido que es difícil pensar que "deseemos a nuestros hijos un trabajo tan duro" como es la minería del carbón.
Según Ribera, se han invertido 470 millones de euros en programas de transición justa, incluido el apoyo a las prejubilaciones.
También ha recordado que se han activado programas de recualificación para jóvenes y más de 500 proyectos, con 4.000 puestos de trabajo creados frente a los 2.000 que se perdían en las comarcas afectadas por cierres.
Ribera ha manifestado que el colectivo de la minería ha aportado mucho al progreso de España "y merece un homenaje público de todos los españoles", pero no engañando con el "trampantojo" de reabrir una mina para seis ú ocho meses, que es algo a lo que le ve poco sentido, frente a otros proyectos que pueden generar un empleo y una actividad estable.
Dabama
23/02/2023