La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido este jueves en el Pleno del Congreso ir de la mano de la Unión Europea y "trabajar en una respuesta compartida" a la hora de impulsar medidas en el sector eléctrico, como el nuevo impuesto sobre los beneficios a las grandes compañías anunciado por el presidente Pedro Sánchez.
"Respetar el derecho europeo, la ley, la Constitución, significa también tener que ser pacientes sobre cómo se adoptan las normas, los nuevos tributos, o cómo se asegura que la intervención de mercados es compatible o autorizada por quien es competente, la UE", ha dicho.
Durante su comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas del reciente tope a la generación de electricidad a partir de gas, el conocido como 'tope al gas', varios de sus socios han emplazado a la vicepresidenta a llevar más lejos sus medidas y a acelerar la implantación del anunciado impuesto.
Minoración del CO2
Su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha reclamado acelerar su diseño para aplicarlo ya, así como el recorte a los ingresos recibidos por el CO2 no emitido --que afectaría fundamentalmente a hidroeléctricas y nucleares--, un proyecto de ley reactivado en el Congreso la semana pasada para después aplazarlo sin fecha por orden del Ministerio.
Su portavoz, Pablo Echenique, ha recordado a Ribera que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos compromete al Gobierno a "acabar", "no reducir", los beneficios caídos del cielo de los beneficios caídos del cielo. "Esto no se ha conseguido", ha incidido, señalando que, aunque el precio del mercado mayorista haya bajado sustancialmente, el coste de generación de instalaciones como la nuclear o la hidroeléctrica no sobrepasan los 40 euros/MWh y 10 euros/MWh, respectivamente.
Por otra parte, Más País-Equo ha pedido a Ribera afrontar la situación de crisis de precios con un control de los mismos para evitar la traslación de márgenes empresariales a costa del consumidor, y EH-Bildu, además de la intervención, ha planteado recuperar o nacionalizar empresas en sectores estratégicos.
PNV LLAMA A "APRETAR" A LAS GRANDES ELÉCTRICAS EN LOS MERCADOS
Por su parte, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha planteado al Gobierno que el impuesto se aplique "sobre la diferencia de beneficios" de las eléctricas para evitar el riesgo de doble imposición; diálogo con el sector --"Siempre es mejor tener a los afectados de aliados"-- y que la recaudación sea finalista y vaya a hogares y pymes más afectados. Todo ello, con "las máximas garantías y atendiendo a los requisitos que propone Europa", ha dicho, "para luego no tener sustos de decisiones mal tomadas".
Sagastizabal también ha pedido al Gobierno actuar contra la escasa competencia en los mercados de contratación de electricidad, ya que las grandes empresas generadoras firman sus contratos con sus comercializadoras "al margen del mercado". "Este es uno de los verdaderos fallos de mercado y no depende de Europa. Es aquí donde hay que apretar a esas empresas dominantes", ha dicho, planteando que parte de la energía producida deba ser vendida a independientes.
RIBERA RECONOCE UN PROBLEMA DE COMPETENCIA
En su réplica, Ribera ha reconocido un problema de competencia en el sistema eléctrico español, destacando cómo "uno de los elementos" utilizados para justificar ante la Comisión Europea la necesidad de un tope al gas "tuvo que ver con la poca competencia del mercado".
Esto, ha apostillado, "se traduce en la necesidad de introducir medidas para que no sean las grandes empresas sólo las que mantienen posiciones" y que también "se traduce en las limitaciones" que tuvo el Gobierno, ha dicho, al sacar a consulta previa la posibilidad de modificar la tarifa regulada.
NUEVA RETRIBUCIÓN PARA LA COGENERACIÓN
Por su parte, el portavoz económico de ERC, Joan Capdevila, ha preguntado al Gobierno si Europa cuenta con gas suficiente para pasar el invierno y, en caso contrario, se adoptarán medidas para financiarlo a nivel comunitario sin acabar subvencionando a unas energéticas que, en su conjunto en España, han cerrado 2021 con beneficio neto de más de 11.000 millones de euros.
También ha reprochado a la vicepresidenta la caída sin freno de la cogeneración en la industria desde que asumió su mandato, respecto a lo cual Ribera ha asegurado que "a lo largo de julio" abordará cambios en su régimen competitivo.
Así, la vicepresidenta ha justificado una retribución específica para la cogeneración dado el "enorme desajuste entre el precio al que viene determinada la retribución del gas y el precio al que ido evolucionando el gas natural en los mercados internacionales".
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