El sector fotovoltaico defiende su instalación en el campo con reglas y "sin conflictos"

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que representa al sector de la energía solar fotovoltaica, defiende la implantación de placas solares en las zonas rurales sin entrar en conflicto con los usos agrarios, conforme a la regulación ambiental existente.

El director general de la UNEF, José Donoso, asegura que "no hay ninguna contradicción" entre los usos agrarios y la fotovoltaica, y pone de ejemplo las muchas instalaciones en las que las ovejas entran a comer hierbas, una forma ecológica de mantener el territorio.

Según un reciente estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los parques fotovoltaicos ocupan en España una superficie equivalente al 0,2% de la superficie agraria útil (unas 50.000 hectáreas), tras crecer un 166% en los últimos ocho años.

Donoso resalta que todos los proyectos de paneles fotovoltaicos necesitan presentar un estudio de impacto ambiental que debe aprobar su comunidad autónoma y, si superan los 50 megavatios, tienen que hacerlo también ante el Gobierno central.

La ley de evaluación ambiental establece un proceso complejo para el que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha elaborado una guía de 80 páginas.

El sector fotovoltaico

Ante las críticas vertidas por organizaciones de otros ámbitos contra las placas solares en el campo, Donoso asegura que la tierra en la que estas se hincan "no sufren ningún tipo de agresión y son ideales para el cultivo después de, por ejemplo, 30 años de descanso".

Cita estudios que demuestran que la sombra que dan los paneles reducen la temperatura del terreno y sirve de refugio a la fauna local; y niega que los paneles acumulen el calor o sean propensos a los incendios, pues solo usan la luz para generar electricidad.

Según la UNEF, un agricultor de secano en España que alquile el terreno para energía fotovoltaica puede ganar entre 100 y 400 euros anuales por hectárea, con un valor medio del alquiler en torno a los 1.500 euros anuales.

Donoso asegura que los impuestos que se pagan por esa actividad son "la única oportunidad" de ingresos en muchos pueblos de la España rural, donde compiten los diferentes intereses económicos por el uso del suelo.

"Recomendamos a las empresas que no expropien, sino que lleguen a acuerdos", incluso si tienen que hacer la planta más pequeña, explica el representante de la UNEF, organización que cuenta con un "sello de excelencia en sostenibilidad".

Actualmente hay 45 plantas certificadas con ese sello, 12 en operación (775,9 megavatios) y 33 en desarrollo (3.127,3 MW), según la asociación.

Los proyectos seleccionados deben cumplir una serie de requisitos, tanto del punto de vista de integración ambiental del paisaje como de la economía circular, la colaboración con autoridades y actores locales, y el impacto socioeconómico en el territorio.

Para Donoso, "lo que va a cambiar realmente el paisaje es el cambio climático" y, cuando alguien se opone a la instalación de plantas fotovoltaicas, está perpetuando los combustibles fósiles.

"Esto no quiere decir que valga todo. Nosotros estamos de acuerdo en que haya una regulación como la de impacto ambiental para todos y que los estudios se hagan bien", sostiene el director general.

A las administraciones les pide apoyo en la descarbonización, al tiempo que llama a crear las condiciones para atraer a la industria a las zonas donde se instala la energía fotovoltaica.

En concreto, reclama a aquellas regiones que hayan cubierto sus necesidades de energía con renovables y que estén produciendo energía para otras zonas que abaraten la energía eléctrica como aliciente para la industria.