El caso Inovyn Solvay llega al Senado. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado este martes en la Cámara que la planta de Inovyn-Solvay en Martorell ha sido excluida de las subastas de interrumpibilidad porque entre febrero y marzo de 2015 incumplió "sistemáticamente" las órdenes de interrumpir el consumo eléctrico.
En respuesta a una pregunta del senador José Montilla, de la Entesa Catalana del Progrés, Soria ha dicho que hasta tres peticiones de interrupción formuladas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), fueron incumplidas por los responsables de la planta, situada en Martorell, a pesar de que la instalación había recibido 23,6 millones de euros en pagos por interrumpibilidad para el ejercicio 2015.
Soria ha subrayado que las empresas que optan a estos pagos aceptan "absolutamente todas" las condiciones y obligaciones que ello implica, por lo que "hay que preguntarle directamente a los responsables" de la planta por qué las incumplieron.
El titular de Industria se ha mostrado convencido "al cien por cien" de que Montilla, que ocupó también esa cartera ministerial, "nunca habría tomado una decisión ilegal" teniendo informes de la Abogacía del Estado.
Soria ha precisado, además, que algunas interpretaciones jurídicas optaban por negar a todas las empresas del grupo la posibilidad de presentarse a las subastas de interrumpibilidad para 2016, que se están celebrando durante esta semana.
No obstante, ha dicho, el Gobierno ha acogido la interpretación más favorable para la empresa.
"Haga responsable de sus propias decisiones, no a los trabajadores, no al Gobierno, sino a la propia dirección de la empresa", ha concluido.
Soria ha defendido también el sistema de subastas para adjudicar los pagos por interrumpibilidad.
El titular de Industria ha indicado que "no ha sido un capricho del Gobierno" sino una petición del sector, porque el sistema anterior de asignación corría el riesgo de ser considerado una ayuda de Estado por la Unión Europea (UE), situación que se produjo en Italia y que supuso una multa de más de 300 millones de euros para las empresas italianas afectadas.
En su intervención, Montilla había reclamado al titular de Industria que buscara soluciones para evitar que la difícil situación de la empresa suponga la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
El senador de la Entesa ha recordado que la planta tuvo que ampliar capital para absorber pérdidas y que la decisión de Industria de excluirla de las subastas de interrumpibilidad tiene consecuencias graves para la viabilidad de la empresa.
Montilla ha admitido que los argumentos del Ministerio de Industria "son defendibles" pero ha criticado la "desproporción" entre la actuación de la empresa y las consecuencias de la decisión de Industria.
Por ello, ha pedido a Soria que "busque soluciones" y reciba a los representantes de la empresa y de los trabajadores.
Miembros del comité de empresa han seguido el debate desde la tribuna del Senado, ha apuntado Montilla.
En 2014, la empresa Alcoa presentó un expediente de extinción de empleo para todos los trabajadores de sus plantas de Avilés y La Coruña al no conseguir ningún pago por interrumpibilidad en las subastas de noviembre de ese año.
Posteriormente, la compañía retiró los expedientes tras una subasta extraordinaria en la que sí consiguió algunos derechos para las dos plantas.
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