Cortocircuito en el Senado por el apagón

La comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ante la comisión de investigación del Senado sobre el apagón del 28 de abril de 2025 evidenció este miércoles un fuerte choque político y técnico en torno a las causas del colapso eléctrico y a la eventual asunción de responsabilidades, en un contexto marcado por discrepancias entre informes oficiales, declaraciones previas y advertencias sobre la estabilidad futura del sistema eléctrico.

Durante su intervención, Corredor defendió de forma reiterada que los informes técnicos disponibles —incluido el panel europeo de expertos, el informe del operador del sistema y el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia— coinciden en descartar cualquier incumplimiento normativo por parte de Red Eléctrica. Según sostuvo, el apagón fue el resultado de un “evento multifactorial inédito e imprevisible”, originado por una oscilación forzada registrada a las 12:03 horas en una planta de la provincia de Badajoz, seguida por desconexiones masivas de generación fotovoltaica y un comportamiento insuficiente en la absorción de potencia reactiva por parte de determinados generadores obligados a ello.

Fallos en el cumplimiento de obligaciones técnicas

La presidenta insistió en que el operador del sistema actuó conforme a la normativa vigente antes, durante y después del incidente, y atribuyó el desenlace a fallos en el cumplimiento de obligaciones técnicas por parte de distintos agentes del sector eléctrico. A su juicio, la evidencia recogida en los informes descarta que la programación de grupos, la falta de inercia o decisiones operativas de Red Eléctrica fueran determinantes en la caída del sistema.

Sin embargo, varios senadores cuestionaron la coherencia de esa explicación con otras informaciones conocidas en la comisión, incluidos audios operativos previos al apagón y advertencias técnicas sobre incrementos sostenidos de eventos de sobretensión en los años anteriores. Representantes de la oposición sostuvieron que existían señales de vulnerabilidad estructural en el sistema eléctrico y acusaron al operador de minimizar alertas previas relacionadas con la penetración de generación renovable y la reducción de generación síncrona disponible.

En ese contexto, se reprochó también la ausencia de responsabilidades políticas tras el apagón que dejó sin suministro eléctrico a toda la península ibérica durante horas y provocó graves consecuencias económicas y sociales, incluyendo interrupciones hospitalarias, paralización de actividad empresarial y daños en infraestructuras críticas. Algunos comparecientes señalaron incluso la existencia de víctimas mortales vinculadas indirectamente al fallo del sistema.

Corredor rechazó esas acusaciones y reiteró que los audios conocidos en la comisión no constituyen prueba técnica concluyente, al tratarse de conversaciones operativas descontextualizadas propias de la gestión en tiempo real del sistema eléctrico. Defendió además que la oscilación inicial registrada minutos antes del colapso no guarda relación con incidencias previas y que los parámetros operativos se encontraban dentro de los rangos normativos hasta la secuencia final de desconexiones.

El debate se intensificó también en torno a la existencia de herramientas suficientes para evitar el apagón. Mientras algunos senadores citaron informes regulatorios que apuntan a la disponibilidad de mecanismos técnicos y normativos capaces de garantizar la continuidad del suministro, la presidenta de Red Eléctrica sostuvo que esas herramientas dependen del cumplimiento coordinado de todos los agentes del sistema y que precisamente ese cumplimiento no se produjo en varios casos el día del incidente.

Colaboración documental

Otro foco de tensión fue la supuesta falta de colaboración documental con la comisión. Desde la oposición se acusó a la compañía de no remitir parte de la información solicitada, incluidas grabaciones operativas completas, lo que fue interpretado como una obstrucción al trabajo parlamentario. Corredor defendió la actuación de la empresa y aseguró que Red Eléctrica fue la única entidad que trasladó la totalidad de los datos requeridos al panel de expertos y a los organismos técnicos que analizaron el apagón.

Durante la sesión también se discutió el papel del mix energético y la reducción de generación nuclear en la estabilidad del sistema. Algunos senadores vincularon la fragilidad operativa con decisiones estratégicas en materia de transición energética, mientras la compareciente rechazó cualquier interferencia política en la operación del sistema y subrayó que las tecnologías disponibles dependen de la disponibilidad declarada por sus propietarios.

La comparecencia dejó igualmente abierta la discusión sobre el riesgo de nuevos incidentes. Aunque Red Eléctrica defendió que el sistema opera actualmente con mayores herramientas de supervisión y control tras las reformas regulatorias adoptadas desde el apagón, varios grupos parlamentarios advirtieron de que el refuerzo operativo implantado tras el 28 de abril —que ha reducido las oscilaciones de tensión entre un 37% y un 52%— evidencia que existían márgenes de mejora antes del colapso.

En la fase final de la sesión, algunos senadores reclamaron responsabilidades políticas directas y plantearon la posibilidad de dimisiones en la cúpula del operador del sistema y del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras otros grupos defendieron que los informes técnicos apuntan a un fallo distribuido entre múltiples agentes y no a un responsable único.

La comisión entra ahora en fase de conclusiones con posiciones enfrentadas sobre el origen del mayor apagón eléctrico registrado en España y Portugal, mientras persiste el debate sobre si el incidente fue realmente imprevisible o si reflejó debilidades estructurales del sistema energético nacional que aún deben resolverse para evitar futuras crisis de suministro.