Un nuevo escándalo salpica al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Carmen Benítez, esposa del ministro ha actuado como procuradora para Endesa en al menos una ocasión desde que su marido accediera al cargo, y en al menos otra en los dos años previos, según ha contado el portal cuartopoder.es.
Este hecho tendría que haber obligado al ministro a abandonar sus funciones, según la actual Ley de Altos Cargos, y la normativa predecesora, la Ley de Conflicto de Intereses.
Esta última norma, promulgada en 2006 y vigente en el momento en que Soria llegó al ministerio, establecía en su artículo 7.1 la obligación de los altos cargos de apartarse de aquellos asuntos en los que pudiera producirse colusión de intereses.
“Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”, dice el artículo.
Según expertos jurídicos, es complicado saber hasta qué punto una procuradora tiene capacidad de maniobrar en favor de una compañía, y por ello ven difícil que se cuestione al ministro. Además, habría que comprobar si el Gobierno está implicado en los casos que maneja la mujer, en su mayoría impagos a la eléctrica, según cuenta eldiario.es. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta la labor del ministro en el sistema energético canario.
Tras la reforma, Endesa ha sido perjudicada en las islas a favor de Red Eléctrica, y el quasi monopolio de la eléctrica en el archipiélago ya no es tal. Le cortaron las alas a Endesa en Canarias aunque sigue siendo la principal eléctrica de la región.
La compañía niega que haya contratado los servicios de Benítez desde que Soria llegara al Gobierno a finales de 2011. El que sí podría haberlo hecho es alguno de los bufetes de abogados con los que trabaja en las islas. En definitiva, un escándalo más a la larga lista del ministro.
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